BUENOS AIRES, 12 Nov. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
La asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas, controlada por el grupo Marsans pero encabezada por un director nombrado por el Gobierno argentino, se reunirá hoy para resolver cuestiones pendientes, como la designación de nuevos directores, mientras las negociaciones para la venta de las acciones al Estado argentino sigue bloqueadas.
"Se van a tratar temas pendientes de la asamblea anterior, realizada el 14 de octubre, como la designación de nuevos directores y sus remuneraciones. Como Aerolíneas no tuvo ganancias los que hicieron retiros deberán devolverlos", explicó el portavoz de la compañía, Jorge Molina, a Europa Press.
Los accionistas que representan al Estado argentino no participaron de la última asamblea y anunciaron que tampoco participarán a la de hoy. "Si no participan no hay problemas, porque sólo representan el 5% de la asamblea", explicó Molina.
Molina explicó que en la asamblea de hoy no se tratará la ampliación del capital accionario de la empresa, ya que se discutirá en otra convocada especialmente para ese fin el próximo 18 de diciembre. En esa fecha podría discutirse si los aportes realizados durante el año por el Estado argentino puede ser capitalizados. "Pero antes tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto valen las acciones", sostuvo Molina.
Entre el 11 de julio y el 4 de noviembre el Gobierno argentino aportó 737 millones de pesos (171 millones de euros) para el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas y Austral. Los aportes estatales comenzaron cuando las empresas estaban ya cerca de la quiebra.
El 17 de julio, el Ejecutivo y Marsans firmaron un acta acuerdo para avanzar en la venta de las dos compañías aéreas. El principal problema se sitúa en el distinto valor que ambos otorgan a las dos aerolíneas. Según Marsans, que se apoya en un informe del banco Credit Suisse, las dos empresas tienen un valor de entre 250 y 400 millones de dólares, mientras que el Tribunal de Tasaciones de la Nación, a petición del Gobierno, fijó un valor negativo de entre 832 y 622 millones de dólares.
Marsans solicitó al Gobierno la designación de un tercer tasador, tal como se había establecido en el acta acuerdo firmada en julio, pero hasta ahora esa medida no se ha concretado. "Nos sorprende que el Estado no quiera acudir a un tercer tasador, tal vez no confíe en su propia tasación", consideró Molina.
El portavoz apuntó que desde la reunión que mantuvieron la presidenta Cristina Fernández y su colega español José Luis Rodríguez Zapatero en la cumbre Iberoamericana, no ha vuelto a tener contactos con funcionarios argentinos.
"Cualquier cosa que se les ocurra violando el acta acuerdo es una expropiación encubierta", advirtió Molina.
