KIEV, 4 Mar. (Reuters/EP) -
Varios miembros armados de los servicios especiales de seguridad de Ucrania (SBU) irrumpieron hoy en las oficinas de la compañía gasista ucraniana Naftogaz, donde efectuaron varios registros en el marco de una investigación criminal, pero que deja entrever la actual lucha de poder entre el presidente del país, Victor Yushchenko, y la primera ministra, Yulia Tymoshenko.
El SBU, controlado por el presidente del Gobierno, indicó que esta operación formaba parte de una investigación criminal sobre la compañía, que se encontró a principios de año en el epicentro de la 'guerra del gas' entre Rusia y Ucrania.
Por su parte, la primera ministra, antigua aliada de Yushchenko y encarnizada rival en la actualidad, condenó la operación desarrollada por las fuerzas de seguridad del Estado.
"Simplemente querían paralizar la actividad de Naftogaz y destruir el sistema de distribución de gas de Ucrania, así como el sistema de pagos. Pretendían asustar a la gente", señaló Tymoshenko a los periodistas en el curso de la visita que lleva a cabo en París.
"Los servicios especiales actuaron estrictamente de acuerdo con el marco legal", señaló la portavoz presidencial, Iryna Vannikova, a través de un comunicado publicado en la página web del presidente ucraniano.
El presidente demanda "determinación y firmeza" a la hora de frenar los abusos, señaló Vannikova. "El periodo de laxitud y apatía de las fuerzas de seguridad debe acabar", añadió.
Por su parte, el monopolio gasista ruso Gazprom señaló que esta operación podía amenazar el último pago del gas por parte de Ucrania, cuyo plazo expira el fin de semana, aunque Naftogaz afirmó que ya ha pagado el 80% del importe correspondiente al suministro de febrero.
"Más del 80% ha sido pagado. El resto del dinero será transferido en los próximos días", dijo el portavoz de la compañía, Ivan Savin, quien declinó precisar la suma abonada por Naftogaz.
El viceprimerministro ucraniano Oleksander Turchynov, afirmó que la operación desarrollada por el SBU, así como otras acciones legales podrían desestabilizar al país y descarrilar los esfuerzos de Ucrania por hacer frente puntualmente a sus obligaciones de pago por el suministro de gas.
