La gasista y la eléctrica crean equipos de trabajo conjunto para estudiar las fórmulas de integración
MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, y el presidente de la compañía, Salvador Gabarró, se reunieron esta mañana con consejeros de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para exponerles sus planes en Unión Fenosa, indicaron fuentes del regulador y de la gasista a Europa Press.
Los directivos de Gas Natural aprovecharon la reunión para presentar ante el regulador la notificación de la operación, lo que activa formalmente el trámite de autorización.
Este encuentro se produjo antes de la celebración del primer consejo de administración del organismo presidido por María Teresa Costa tras el parón vacacional, y un día después de que los máximos responsables de Repsol YPF, 'La Caixa' y ACS celebrasen otra sesión informativa con la CNE.
De hecho, al encuentro de ayer, celebrado durante la tarde, acudieron el presidente de Repsol, Antonio Brufau, el de 'La Caixa', Isidre Fainé, y el de ACS, Florentino Pérez.
Repsol, con un 30%, es junto a 'La Caixa' (33%) el principal socio de Gas Natural, mientras que ACS cerró en julio un acuerdo con la gasista catalana para venderle su 45,3% en Unión Fenosa. Para que la operación salga adelante, es necesario que la CNE dé su visto bueno.
La ronda de encuentros del regulador con los máximos representantes de las compañías implicadas se ha celebrado a petición del organismo, que inicia de esta forma el trámite de análisis de la operación.
En el expediente, el organismo regulador deberá decidir si autoriza a Gas Natural a superar el umbral del 10% en Unión Fenosa, en virtud de su facultad para pronunciarse acerca de operaciones significativas que afecten a empresas que desarrollen actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad).
Por otro lado, fuentes conocedoras de la operación indicaron a Europa Press que para la integración de Gas Natural y Unión Fenosa se están utilizando equipos de trabajo conjuntos formados por directivos de ambas compañías, quienes están analizando las fórmula más adecuadas para la operatividad de los distintos departamentos.
Los trabajados de integración y búsqueda de sinergias se desarrollan en paralelo a la búsqueda de las autorizaciones regulatorias pertinentes. Aparte de la de la CNE, es necesaria la luz verde de la Comisión Nacional de Competencia (CNC).
LA CNC Y EL CONTROL DE CONCENTRACIONES.
Desde la llegada ayer al registro de la CNC de la solicitud de Gas Natural para la aprobación de la compra, Competencia dispone de un mes para decidir si aprueba esta concentración en primera fase. En caso de detectar algún elemento que altere el normal funcionamiento del mercado, se abrirá una segunda fase en el que se realice un análisis más detallado de la operación, con participación de terceros interesados.
En el procedimiento ante el organismo presidido por Luis Berenguer es previsible que, aparte de las condiciones que la CNC pudiera poner, los propios participantes en la operación presentes compromisos. En el caso de Gas Natural, la compañía ya ha adelantado que prevé acometer desinversiones por 3.000 millones, aunque por el momento no ha detallado en qué consistirán.
En caso de que la resolución de Competencia sea de prohibición o subordinación a compromisos o condiciones, el Ministro de Economía y Hacienda dispondrá de un plazo de quince días para elevar la concentración al Consejo de Ministros para su intervención.
El acuerdo final del Consejo de Ministros, que podrá autorizar con o sin condiciones la concentración, deberá adoptarse en un plazo máximo de un mes tras la elevación del expediente. El Gobierno puede solicitar además un informe a la CNC.
Por otro lado, la Ley 15/2007 transpone directivas comunitarias en materia de competencias. En línea con las indicaciones de la Unión Europea, la hipotética obligación de suspensión de una operación únicamente afectará al ejercicio de los derechos de voto inherentes a los títulos y no a la posibilidad de lanzar la oferta, siempre que se cumpla con los plazos de notificación previstos en la norma.
