MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) ha autorizado la oferta pública de adquisición de acciones que la familia Sanahuja, a través de su sociedad Cresa Patrimonial, ha lanzado sobre el 20% del capital de Metrovacesa con el fin de elevar hasta el 44,3% su participación en la inmobiliaria, según datos del SDC recogidos por Europa Press.
Este organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda ha resuelto no remitir la operación al Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), con lo que la da por aprobada y la deja a la espera de obtener el preceptivo 'visto bueno' de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La OPA de los Sanahuja se dirige a un total de 20,35 millones de acciones de Metrovacesa a las que Sacresa ofrece 78,10 euros por acción a pagar en efectivo, con lo que la operación se eleva a 1.590 millones de euros.
Esta familia catalana es actualmente el primer accionista de la inmobiliaria, de la que controla un 24,3% del capital, por delante del fondo de pensiones holandés PGGM, con un 8,6% del accionariado; el presidente del grupo, Joaquín Rivero (6,7%), Bancaja (6%), el empresario inmobiliario Juan Bautista Soler (5,4%) y Caja de Ahorros del Mediterráneo y Caja Castilla-La Mancha, con un 3,88% y un 3%, respectivamente.
Con su OPA, persigue redefinir la estructura accionarial en Metrovacesa para "dotarla de un claro socio de referencia que garantice la estabilidad en su gestión y la continuidad de su estrategia".
Asimismo, los Sanahuja tienen intención de mantener "una línea de continuidad" en la actividad desarrollada hasta ahora por el grupo que preside Joaquín Rivero y, "en particular, apoyar a su presidencia y a su actual equipo gestor".
No obstante, con el aumento de su participación, la inmobiliaria catalana pretende también "maximizar la creación de valor para todos los accionistas" de Metrovacesa, dinamizando los flujos de información entre la gestión, los consejeros ejecutivos y el resto de administradores de esta empresa, "en línea con las mejores prácticas del buen gobierno", y, además, "potenciando el área de auditoría interna y optimizando los sistemas de control".
