El PSOE renuncia a su pretensión inicial de reclamar la devolución del crédito otorgado por el Gobierno Aznar
MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta de las Cortes para las relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó hoy por unanimidad una resolución pactada por todos los grupos que exige al Gobierno a no volver a conceder préstamos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a empresas que no puedan devolverlos, como sucedió en 1994 con el Grupo Ercros.
Aunque el PSOE proponía inicialmente que el Ejecutivo estudiara los "mecanismos posibles" para recuperar la cantidad pendiente de devolución del crédito inicial de 51,09 millones (8.500 millones de pesetas) concedido para suscribir una ampliación de capital en Fesa, finalmente se optó por alcanzar un acuerdo que englobara a todas las formaciones, incluido el PP.
"Podríamos haberlo sacado con nuestros votos, pero hubiera sido un brindis al sol", indicó en declaraciones a Europa Press el portavoz socialista en la Comisión, Manel Mas, quien celebró el acuerdo que impedirá que puedan repetirse situaciones como aquella.
La resolución sobre el informe de fiscalización del préstamo elaborado por el Tribunal de Cuentas contempla que el Instituto no vuelva a ver comprometidos sus fondos en las ayudas a ninguna empresa, que a partir de ahora deberán articularse por otros mecanismos, como las subvenciones.
Los préstamos del ICO a Ercros se concedieron en 1994, si bien el rescate de la mayor parte de los mismos, que el PSOE cifró en su momento en un importe de 7.400 millones de pesetas (44,5 millones de euros), se aprobó en 1998.
PAPEL DE PIQUÉ
En la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que dio el visto bueno a esta decisión, según denunciaron en su momento los socialistas, intervino el ex directivo de la compañía y por entonces ministro de Industria en el Ejecutivo del PP, Josep Piqué, quien actualmente preside la aerolínea Vueling.
El Tribunal de Cuentas dio por cerrada la investigación sobre Ercros al concluir que el crédito que el ICO le concedió para a suscribir una ampliación de capital en Fesa para hacer frente a sus obligaciones derivadas del convenio de acreedores, "equivalía a concederle una subvención", al estar destinado a una empresa que carecía prácticamente de capacidad de endeudamiento.
Asimismo, considera que el posterior rescate del crédito no puede considerarse una pérdida para el sector público, "ni mucho menos una condonación", ya que la ayuda se produjo desde el mismo momento en que se concedió un crédito "cuyas condiciones lo hacían prácticamente incobrable".
