MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha aprobado este viernes un anteproyecto de ley de patentes en el que se acabará con el sistema anterior, en el que podían presentarse tanto patentes "débiles", sin explotación comercial ni valor económico, como "patentes fuertes", explicó el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, tras el Consejo de Ministros.
Con el nuevo sistema se reconocerán solo las patentes "fuertes", a las que se someterá a examen y un grado de exigencia suficiente para su homologación a nivel europeo, explicó el ministro.
"El proyecto busca que todas las patentes, muchos o pocas, sean fuertes, señaló Soria, antes de precisar que el nuevo examen servirá para justiticar que "el invento es nuevo" y que incorpora una "actividad inventiva".
La nueva ley simplificará además los procedimientos, evitará las llamadas patentes curriculares por las que en el ámbito universitario se registran patentes sin utilidad "comercial" y se evitará "una burbuja tecnológica" por la que las empresas exhiben "muchas patentes sin que haya una actividad inventiva real", señaló.
La normativa incorpora la normativa internacional, garantiza la unidad de mercado a través de su gestión a través de la Oficina de Patentes y Marcas y ofrecerá una bonificación del 50% en las tasas de registro, que podrían alcanzar el 100% en las patentes universitarias, añadió el ministro.
El proyecto de ley revisa el marco legal de la propiedad industrial mediante la renovación de la Ley 11/1986 de Patentes, vigente hasta la fecha.
La norma también fortalece los llamados modelos de utilidad, correspondientes a invenciones menores, al ampliar su ámbito a los productos químicos y modificar su régimen mediante el requisito de novedad mundial. Además se garantiza su solidez mediante la exigencia del informe sobre el estado de la técnica prejudicial.
Por último, se incluyen expresamente entre los títulos de protección los Certificados Complementarios de Protección, o CCP, título de propiedad industrial que extiende por un plazo máximo de cinco años la protección otorgada a una patente de un producto farmacéutico o fitosanitario.
