MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español está siguiendo con "preocupación" el registro realizado ayer por la Fiscalía venezolana a la sede de Iberia en Caracas, en el marco de una investigación relacionada con la presunta quiebra fraudulenta de Venezolana Internacional de Aviación S.A. Viasa en 1997. El Ejecutivo español, que se ha puesto en contacto con el presidente de la compañía aérea, Fernando Conte, y con el embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, ha pedido cautela para ver como evoluciona el proceso judicial.
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, aseguró hoy que el Ejecutivo español ha estado siguiendo el proceso con "cautela y precaución" a la espera de ver como evoluciona mostrando un profundo respeto por las leyes del país.
Jiménez precisó que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, se puso ayer en contacto con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y que ella misma habló con el presidente de Iberia, Fernando Conte, y con el embajador español en Caracas, Raúl Morodo. Además, explicó que el embajador Morodo se puso en contacto con la fiscal nacional Yoneiba Parra, encargada del registro a las oficinas de Iberia en Caracas.
"Por el momento hemos hecho todas las gestiones que debíamos hacer a los niveles que teníamos que hacerlo. Creemos que de momento todo se está haciendo conforme a las leyes del país y conforme al ordenamiento judicial", sentenció la secretaria de Estado para Iberoamérica.
IMPUTADOS EN EL CASO.
La Fiscalía pretende imputar en el caso al entonces presidente de Iberia, Xavier de Irala, actual presidente de la caja de ahorros Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), motivo por el que ha enviado una carta rogatoria al Gobierno español en la que pide ayuda para obtener el testimonio judicial del ex directivo de Iberia.
Además, han sido imputados Rafael García Hernández y Pedro Antonio Echeverría, administradores de la desaparecida Viasa, por un presunto delito de quiebra fraudulenta y aprovechamiento de fondos públicos. De ser hallados culpables, los ex administradores podrían pasar de dos a diez años en la cárcel. La fiscal Parra no descarta la posibilidad de que se produzcan nuevas imputaciones a corto plazo, aunque recordó que eso dependerá de las evidencias que recabe.
Por su parte, representantes de Iberia restaron importancia al allanamiento de las oficinas en Caracas por parte de la Fiscalía. La medida se produjo al no poder responder a tiempo a un requerimiento de información por parte del Ministerio Público. La fiscal envió el miércoles un requerimiento a las oficinas de Iberia en Caracas para que respondiera en 24 horas si una persona trabajaba en esta compañía (Rafael García Hernández). El gerente de Iberia se encontraba de viaje, por lo que no pudo responder al requerimiento en el tiempo solicitado, aunque ya se ha informado a la fiscal que esa persona ya no trabajaba en Iberia.
