MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Galletas Gullón tendrá que provisionar al menos 16 millones de euros para hacer frente a los procesos judiciales que están en marcha, una cifra superior al beneficio logrado en 2008, que se situó en más de 11 millones de euros, el último ejercicio cerrado, informaron hoy a Europa Press en fuentes de la compañía.
En concreto, la galletera tendría que provisionar fondos económicos por la indemnización de 8,23 millones de euros más el salario de tramitación, 708.000 euros, cuantía fijada en la sentencia por el despido del ex director general, Juan Miguel Martínez Gabaldón, recurrida en la actualidad.
A ello se suma las retribuciones variables de Martínez Gabaldón (años 2007, 2008 y 2009) solicitadas por éste ante la Dirección General de Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Palencia, por un importe de más de siete millones de euros.
Asimismo, el máximo órgano de dirección de la compañía está a la espera de que se cuantifique el expediente que la Agencia Tributaria ha abierto a la empresa por las regularizaciones realizadas por la ex presidenta ejecutiva de la empresa, María Teresa Rodríguez Sáinz-Rozas, a favor de Martínez Gabaldón antes de la celebración del juicio del despido del ex director general.
Según la compañía, podrían surgir otras cantidades a raíz de los procesos judiciales en marcha u otros temas de los cuales la empresa no tiene conocimiento por el momento.
Por ejemplo, el contrato de Alta Dirección suscrito entre Gabaldón y Rodríguez Sáinz-Rozas no lo conoció el consejo hasta la celebración del juicio laboral, ya que dicho documento no estaba en las oficinas de Gullón.
Todo ello ha provocado que el consejo de administración de la galletera haya acordado posponer al 30 de octubre la celebración de la junta general ordinaria al aparecer documentos, presuntamente fraudulentos, por "elevadas cuantías", suscritos por la ex presidenta ejecutiva de la compañía y el ex director general.
En concreto, según aseguró hoy la galletera, ni el consejo de administración, ni los directores, ni los servicios de la sociedad, ni los auditores de cuentas tenían noticia alguna sobre dichos documentos.
"La compañía se ha visto obligada a posponer la celebración de la junta general ordinaria al no haber podido determinar con seguridad jurídica las obligaciones pendientes de la sociedad, los derechos de ésta y su reflejo en el balance social y en la cuenta de resultados y el cierre o formulación de las cuentas anuales de 2009", como consecuencia de la aparición de dichos documentos, aseguró la empresa.
Fuentes de la compañía señalaron a Europa Press que sería "irresponsable" cerrar unas cuentas sin saber cúanto dinero hay que provisionar para hacer frente a las causas judiciales que están en marcha.
Entre tanto, el consejo de administración pone a disposición de los accionistas y de quienes estén interesados legítimamente las cuentas anuales provisionales de 2009, las informaciones complementarias de las mismas y el informe sobre la satisfactoria evolución de los negocios sociales en el ejercicio de 2010.
Asimismo, la compañía agradeció a todo su personal, a los agentes sociales, a las instituciones, así como al pueblo de Aguilar de Campoo el apoyo y la atención que están prestando a la empresa, a sus planes y proyectos de inversión y de desarrollo futuro.
La junta general ordinaria debería haberse celebrado en el primer semestre del año, según recoge la Ley de Sociedades Anónimas, aunque su celebración puede posponerse si existe una causa de fuerza mayor o razón de peso como la batalla judicial de la familia Gullón por el control de la empresa.
