MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
Una hipotética Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Iberdrola podría comprometer préstamos y otros acuerdos de la eléctrica con entidades financieras por valor de 4.428 millones de euros, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En respuesta a un requerimiento del supervisor acerca de los posibles efectos sobre los acuerdos de la compañía en caso de OPA o de cambio de control, Iberdrola advierte de que cualquier movimiento en esa dirección podría tener dos consecuencias.
La primera de ellas se refiere a los préstamos suscritos por la eléctrica y susceptibles de vencimiento anticipado o de requerir garantías adicionales en caso de que se lance una oferta de adquisición.
Entre ellos, figuran 1.000 millones de euros por acuerdos que resultarían afectados, salvo en el caso de que el cambio de control no se considere perjudicial, así como otros 3.500 millones de dólares (2.243 millones de euros) y 1.850 millones de dólares (1.185 millones de euros) por préstamos que resultarían afectados salvo en el caso de que se mejore la calificación crediticia ('rating') de Iberdrola.
La segunda de las consecuencias más inmediatas sobre los acuerdos firmados se refiere a los intereses de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán en la sociedad brasileña Neoenergía.
Iberdrola cuenta con un 39% en esta productora brasileña de electricidad, pero el acuerdo para mantener esta inversión establece que, en caso de ser opada, el resto de los accionistas tendrá derecho a adquirir esta participación.
En concreto, los socios de Neoenergía podrán comprar este 39% a un precio de mercado que quedará determinado según el procedimiento descrito dentro del propio acuerdo entre los accionistas.
También en caso de toma de control de la empresa, Iberdrola informa de que su presidente y consejero delegado, así como los miembros de la alta dirección, disponen en sus contratos de cláusulas espefícicas que les reconocen indemnizaciones por OPA en función de su antigüedad en la empresa, con un máximo de cinco anualidades.
EMPRESA BLINDADA.
En todo caso, Iberdrola dispone de mecanismos específicos para evitar su toma de control. La eléctrica tiene restringidos sus derechos de voto en un 10%, según el artículo 54 de sus estatutos, pero esta restricción se eliminaría en caso de OPA si se alcanzan dos tercios del capital con derecho a voto.
El artículo número 56 establece que la eliminación mediante un cambio estatutario de estas restricciones al poder político en la compañía requiere al menos el 75% del capital presente en una junta general de accionistas.
Por otro lado, el artículo 30 dispone que los accionistas que participen en un proceso de fusión o escisión no podrán ejercitar su derecho de voto para la adopción de dichos acuerdos por parte de la junta general.
ACS, con un 12,4%, es el principal accionista de Iberdrola. Si participase en una OPA sobre la eléctrica no podría, en virtud del artículo 30, votar en una junta de accionistas a favor de la operación.
