El 'holding' formaliza la compra a Kio del 6,25% de la alimentaria por 256,6 millones, un 74% por encima del precio de mercado
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales para recuperar el 1,57% de Ebro Puleva que permanece en manos de Kio (Grupo Torras), según informaron hoy a Europa Press en fuentes del holding público. "La SEPI no descarta emprender acciones legales, lo estudia", afirmaron.
Este 1,57% de la empresa agroalimentaria que aún controla Kio deriva de la entrega de un total de 2,4 millones de acciones liberadas a Grupo Torras realizada por Ebro Puleva en enero de 2003, en el marco de una ampliación de capital y con posterioridad al inicio del contencioso que enfrenta a las dos partes.
Al margen de ello, la SEPI formalizó hoy la opción de compra sobre el 6,2572% que el Grupo Torras-Kio tenía en Ebro Puleva antes de la ampliación de capital por unos 256,62 millones de euros, en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado mes de junio.
Concretamente, esta operación se refiere a un total de 9,62 millones de acciones a razón de 26,66 euros por título, que equivalen al 6,2572% del capital de la compañía agroalimentaria, por lo que Kio sigue manteniendo un 1,57%, al haber ostentado hasta ahora una participación del 7,82%.
De esta forma, SEPI acata la sentencia del pasado mes de junio de la Audiencia Provincial de Madrid que condenaba a la empresa pública Alycesa a pagar un total de 260 millones al grupo Torras por las 9,62 millones de acciones de Ebro Puleva por el incumplimiento de un contrato en 1997.
La cantidad desembolsada por SEPI por este 6,2572% del capital es un 74% superior al valor actual de mercado, que, según el precio al que se intecambiaban hoy las acciones de Ebro Puleva a media sesión en la Bolsa de Madrid (15,32 euros por título), asciende a unos 147,5 millones de euros.
CONTENCIOSO QUE ARRANCA DESDE 1997.
Este contencioso arranca de un pacto impulsado en 1997 por la entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, para garantizar 'la españolidad' de Ebro, en vísperas de su fusión con Azucarera y ante la amenaza de que la francesa Saint-Louis se hiciera con la empresa.
Concretamente, Alycesa (perteneciente a SEPI) suscribió una opción de compra con Kio (grupo Torras), que controlaba el 35% del capital, que debía ejercitarse en tres años, un contrato "nada habitual y financieramente desequilibrado" en beneficio del grupo kuwaití, según el holding.
La SEPI argumenta que dicho contrato vinculaba el precio del ejercicio de la opción de venta al mayor de dos precios (uno ligado al mercado y otro fijo, de 18 euros más un 10% anual), por lo que el grupo Torras "podía aprovechar la buena evolución del mercado si así se produjera, y obtener una gran rentabilidad con un menor precio de la acción, gracias al precio mínimo garantizado".
La Dirección General de Patrimonio dejó agotar el plazo, que vencía el 31 de diciembre de 2000, y se negó a pagar por el paquete accionarial de Kio el precio pactado, que triplicaba el valor que entonces tenía Ebro en bolsa. Tras dar un ultimátum al Estado, Kio acudió a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato.
