BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso presentado por Acciona en el que solicitaba que no se ejecutase el dictamen del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) que pedía su exclusión --encabezaba un consorcio junto con BTG Pactual-- en la adjudicación de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
En la sentencia consultada por Europa Press y hecha pública este miércoles, el TS señala que "no cabe anticipar a este incidente la solución de fondo", pero ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de 19 de julio de 2013.
El TSJC desestimó las cautelares argumentando que la normativa europea vela por evitar que se mantenga por la vía de los hechos consumados una decisión durante el tiempo que se tramita un litigio "en perjuicio de los contratistas injustamente desplazados".
El Supremo ratifica las argumentaciones de que la normativa europea y la española prevén la existencia de organismos como el OARCC para "impedir las adjudicaciones precipitadas y los hechos consumados en materia de contratos del sector público", y que las peticiones de suspensión cautelar de su resolución no han ofrecido razones suficientes para evitar su aplicación.
Esta es la tercera y última sentencia del Supremo que desestima la petición --en este caso de Acciona Agua-ATV Concesionaria de la Generalitat de Catalunya-- de suspender cautelarmente la aplicación de la resolución del OARCC hasta que no se resuelva el procedimiento judicial de fondo que debe decidir si el documento del OARCC se adecua a la ley; el alto tribunal ya rechazó la petición de BTG Pactual (a través de la sociedad Aigües de Cataluña) en octubre y la de la Generalitat en noviembre.
Es por ello que la Generalitat constituyó en diciembre una Mesa de Contratación sobre la ATLL que debe decidir en breve cómo da cumplimiento a la resolución del OARCC que pide la exclusión de Acciona, todo ello sin perjudicar el servicio a los ciudadanos.
Mientras, el TSJC todavía tiene pendiente pronunciarse sobre la cuestión de fondo, la validez del contrato que la Generalitat adjudicó a finales de 2012 al consorcio liderado por Acciona, y al que también optaba Agbar.
Los técnicos de la Generalitat sostienen que, si se tienen en cuenta los criterios del OARCC, tanto la oferta de Acciona como la de Agbar deberían quedar excluidas del proceso de licitación, lo que obligaría a convocar un nuevo concurso.
