BRUSELAS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los países de la UE han dado este lunes su aprobación final a la norma para facilitar las demandas por daños y perjuicios contra las empresas que participan en acuerdos ilegales para subir precios. El objetivo de esta iniciativa es permitir que los consumidores y pymes afectados puedan lograr indemnizaciones ante los tribunales nacionales.
La directiva se publicará en las próximas semanas en el Diario Oficial de la UE. Los Estados miembros dispondrán entonces de dos años de plazo para incorporarla a sus respectivas legislaciones laborales. Alemania, Polonia y Eslovenia se han abstenido en la votación por considerar que el compromiso final no cumple los objetivos.
La nueva comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, se ha felicitado por la aprobación de la norma por considerar que gracias a ella "las empresas y los ciudadanos europeos podrán obtener más fácilmente una reparación eficaza del perjuicio sufrido debido a prácticas contrarias a la competencia".
El Tribunal de Justicia de la UE ya ha reconocido el derecho de las víctimas de infracciones al derecho de competencia a obtener la reparación del perjuicio sufrido. No obstante, debido a las trabas procedimentales y la inseguridad jurídica en este campo, muy pocos consumidores recurren, según Bruselas.
De hecho, sólo el 25% de las decisiones adoptadas por la Comisión en los últimos años constatando una infracción a las normas de competencia han ido seguidas de reclamaciones por daños y perjuicios por parte de víctimas. La mayoría las presentaron grandes empresas y se concentraron en Reino Unido, Alemania y Holanda.
La directiva aprobada refuerza el derecho de las víctimas a acceder a la información y las pruebas necesarias; y se establece un plazo claro para que los demandantes tengan tiempo para presentar su recurso. En particular, una víctima dispondrá para presentar su recurso de un plazo de cinco años a partir del momento en que tuvo la posibilidad de descubrir que fue perjudicada por una infracción. El plazo se suspenderá si alguna autoridad lanza una investigación.
Las decisiones de las autoridades nacionales de competencia, al igual que las de la Comisión, constituirán una prueba ante los tribunales de que la infracción ocurrió. Los perjudicados tendrán derecho a una compensación plena por las pérdidas sufridas y también por las pérdidas de beneficios.
