VALENCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Territorio y Vivienda de la Generalitat valenciana, Esteban González Pons, pidió hoy al ministro de Industria y ex alcalde de Barcelona, Joan Clos, "que paralice los permisos para la implantación de plataformas petrolíferas en el bosque de El Saler y el Parque Natural de l'Albufera", "instalaciones que --a su juicio-- nunca hubiera autorizado en la ciudad condal", según informaron fuentes de la Generalitat.
"Me hubiera gustado escuchar a Clos decir que nunca habrá prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia", aseveró el titular de Territorio y Vivienda, quien apeló "en nombre del Gobierno valenciano y de la Comunitat Valenciana" a una declaración expresa del Gobierno central en este sentido.
Asimismo, González Pons subrayó que "si las plataformas fueran a establecerse en Barcelona, ciudad de la que Joan Clos fue alcalde, el actual ministro a buen seguro que hubiera manifestado su negativa", razón por la que el conseller pidió "el mismo trato" para la Comunitat Valenciana, apuntaron las citadas fuentes.
El titular de Territorio apeló también a los "compañeros socialistas" de Joan Clos "para que digan no a la muerte de dos de los espacios naturales más emblemáticos de nuestra Comunidad, que desaparecerán si se implantan definitivamente unas plataformas petrolíferas que los valencianos no queremos", remarcó.
González Pons reiteró asimismo su invitación a Joan Clos, para que visite la zona donde está prevista la instalación de las plataformas petrolíferas, ya que "a pesar de estar hoy en la Comunitat Valenciana no ha tenido tiempo de acercarse a los espacios naturales donde están previstas las prospecciones", destacó.
Según indicaron las mencionadas fuentes de Generalitat, entre otras alegaciones presentadas, Territorio exigió al Ministerio de Industria "que paralice los permisos para realizar prospecciones en el Golfo de Valencia por estar basados en una norma franquista derogada por la Ley de Hidrocarburos y por todo el sistema posconstitucional relacionado con el medio ambiente y la información pública".
En esta línea, afirmaron que el Gobierno central "se ha basado para otorgar los permisos en una norma de 1976 para regular un tema de alta incidencia para el medio, cuando la legislación ambiental en dicho periodo carecía de rigor y de la demanda social que tiene actualmente", concluyeron.
