MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de IU-ICV ha presentado una proposición no de ley con la que insta al Gobierno a adoptar una serie de medidas que ayuden a impulsar la interconexión eléctrica entre España y Francia, entre las que se incluye la creación de una comisión hispano-francesa que organice el debate público sobre este asunto.
En concreto, la iniciativa insta al Gobierno a que, junto al Ejecutivo francés y con la colaboración de la Comunidad Europea y de la Generalitat de Cataluña, promueva un proceso participativo ordenado de las administraciones locales, departamentales, regionales y de la sociedad civil que tenga carácter transfronterizo y se sitúe entre las comarcas limítrofes de Cataluña y de los Departamentos colindantes de Francia.
Según IU-ICV dicho proceso debería ser el soporte para la actuación de un coordinador comunitario, con el fin de estudiar la interconexión eléctrica entre España y Francia, sus necesidades, características y posibles trazados, así como los impactos ambientales y socioeconómicos.
Así, entre otras medidas, proponen la creación de una comisión independiente hispano-francesa que organice el debate público y vele por la calidad de las informaciones y su exhaustividad. Las informaciones y la explicación de sus argumentos tendría que ser accesible a todo el mundo y trataría de mantener una comunicación fluida y un seguimiento exhaustivo por parte del coordinador europeo designado como mediador.
En la misma línea, IU-ICV quiere actuaciones en las que participen todos los actores interesados, tanto de carácter político y administrativo, como de la sociedad civil. Además, persiguen que la comisión ponga a disposición "de todo el mundo el acceso a la información", y que la duración del debate sea como mínimo de cuatro meses. Esta duración debería permitir la participación en las discusiones de todos los actores implicados, y el intercambio de reflexiones y argumentos entre los mismos.
Finalmente, la comisión se encargaría de redactar un informe del debate así como las conclusiones del mismo. Ambos documentos se presentarían públicamente en el plazo de tres meses a partir de la finalización del debate y se elevarían al coordinador europeo y a los respectivos gobiernos.
