MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno acepta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que dictamina que España vulneró la legislación comunitaria al mantener las condiciones a E.ON para la compra de Endesa, y considera que este fallo no le impedirá seguir defendiendo la seguridad de suministro, indicaron fuentes del Ministerio de Industria a Europa Press.
Industria considera además que la decisión del Tribunal de Luxemburgo tiene efectos "prácticamente nulos", ya que la operación de compra de Endesa por parte de E.ON no se llegó a producir. Además, recuerda que la propia compañía alemana se mostró de acuerdo con las condiciones y no las recurrió.
El Ejecutivo español constata que la sentencia no analiza las condiciones a E.ON, sino que se limita a decir que España intervino con la imposición de condiciones por parte de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Gobierno en una operación de dimensión comunitaria.
Por este motivo, entiende que el fallo no impedirá al Gobierno actuar en el futuro "cuando sea necesario garantizar la seguridad de suministro", y se reafirma en la posición de que las condiciones impuestas al grupo alemán fueron "necesarias".
Industria recuerda además que la legislación comunitaria reconoce la capacidad de los Estados miembros de aplicar condiciones a movimientos que compromentan aspectos estratégicos.
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que se produce menos de un mes después de que la misma instancia declarara ilegal la 'Ley Rato', da la razón a la Comisión Europea, que había denunciado que los requisitos impuestos por España violaban los principios de libre circulación de capitales y mercancías y el derecho de establecimiento.
La sentencia no entra a analizar el fondo de la cuestión y se limita a señalar que un Estado miembro no puede invocar la "supuesta ilegalidad de una decisión de la que es destinatario como motivo de oposición frente a un recurso por incumplimiento basado en la inobservancia de dicha decisión".
Estos requisitos a la OPA de E.ON fueron impuestos por la CNE en julio de 2006 y enmendados por el Ministerio de Industria en noviembre del mismo año en respuesta a los recursos contra la decisión del regulador.
E.ON, que había presentado su OPA en febrero de 2006, anunció en abril del año pasado que retiraba su oferta tras alcanzar un acuerdo con Enel y Acciona para la compra de activos de Endesa.
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