MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha presidido este martes la conferencia sectorial de comercio interior donde han estado presentes todas las comunidades autónomas y en la que se ha informado que el Gobierno ha financiado en 2013 un total de 31.404 operaciones en el comercio minorista con líneas ICO, un 18% más que el año anterior.
De esta forma, en el comercio minorista se financiaron 4.800 operaciones más que en 2012, con crédito por importe de 1.232 millones de euros y que generó una inversión total de 1.633 millones de euros.
Respecto al apoyo al empleo en el comercio, destaca que se han realizado 40.486 contratos de apoyo a emprendedores, 33.321 contratos para formación y aprendizaje, 6.151 contratos en prácticas, lo que supone un incremento interanual del 30%, y se han destinado 8,8 millones de euros a bonificaciones por la contratación de trabajadores en los comercios turísticos.
En la conferencia sectorial también se ha desvelado el número de altas de actividades de establecimientos incluidos dentro del ámbito de aplicación de la ley que sustituía las licencias de actividad por declaraciones responsables, que han registrado un saldo neto en 2013 de 54.791, lo que supone 32.951 actividades más que en 2012. De ellas, 16.108 son actividades de comercio y 16.843, de servicios.
APLICACIÓN DE LA LEY DE UNIDAD DE MERCADO EN EL COMERCIO
Esta conferencia sectorial de comercio es una de las primeras que se convocan de las 25 previstas en el Plan de Racionalización Normativa de Unidad de Mercado por parte de todos los ministerios, con el objeto aprobar un esquema de trabajo anual con las comunidades autónomas para avanzar en la simplificación y eliminación de barreras para el acceso y el inicio a la actividad en el comercio.
Se han identificado un total de 37 normas autonómicas relativas a la implantación de establecimientos comerciales y otras 244 en el ámbito de la artesanía, las ferias y las subvenciones asociadas a estas dos actividades, que suponen una diversidad de regulación que puede plantear obstáculos y costes innecesarios a las empresas.
Las regiones han sido informadas de que los procedimientos de implantación de establecimientos comerciales están sujetos en España a dispersión de autorizaciones, informes y exigencias que van más allá, en algunos casos, de los que fija la propia Unión Europea (razones imperiosas de interés general, ordenación del territorio, protección del medio ambiente, protección del patrimonio histórico artístico y seguridad y salud de las personas).
La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado establece, en este sentido, que los criterios en materia de autorizaciones deben estar justificados en razón del interés general y cumplir con los criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad sobre la base de la libertad de establecimiento.
Por otro lado, en el ámbito de las ferias y la artesanía, se ha propuesto avanzar en la simplificación de los procedimientos para el desarrollo de las actividades y su reconocimiento así como en los registros interconectados que posibiliten a las empresas el acceso directo sin tener que inscribirse en diferentes registros para ejercer una misma actividad.
De esta forma, el impacto económico de la actividad ferial se eleva a 3.230 millones de euros anuales de acuerdo con los datos de la Asociación de Ferias de España. En España hay más de 300 ferias y exposiciones comerciales al año, de las cuales 86 tienen reconocido su carácter internacional por la secretaría de Estado de Comercio.
