MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno no pone inconveniente a que los exdirigentes de Bankia que han sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu puedan recibir asesoría legal pagada por la propia entidad pues este tipo de pólizas de cobertura legal son algo "absolutamente común" en las empresas cotizadas y una "práctica empresarial habitual" en la mayor parte de las sociedades.
Así lo reconoce el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien el 10 de julio de 2012, un par de meses después de la intervención de Bankia por parte del Estado, registró una pregunta escrita criticando que parte de los fondos públicos destinados al rescate de la entidad se destinaran a contratar "servicios jurídicos externos" para ofrecer asesoría legal gratuita a 33 exmiembros del consejo de administración de la entidad.
Para la líder de la formación magenta, supondría una "incongruencia abusiva" que dinero público acabara destinado a "defender intereses privados ajenos" al banco y, más concretamente, a la defensa de los "responsables de la despatrimonialización" de Bankia, quienes además "gozan de una capacidad adquisitiva muy elevada gracias a sus anteriores retribuciones y a las que siguen devengando los cargos de que disfrutan en el sector financiero".
Por ello, Díez preguntaba al Ejecutivo si le parecía "aceptable" el uso del dinero con este fin, y si tenía previsto "ofrecer asesoría jurídica gratuita" también a los "perjudicados" por la gestión de BFA-Bankia, que la propia UPyD denunció ante la Audiencia Nacional y que dio lugar a la imputación de varios de sus exresponsables.
NO SE HA OFRECIDO ASESORAMIENTO GRATUITO
La respuesta del Gobierno se ha hecho esperar dos años. Según el texto, fechado el 29 de mayo pasado y que recoge Europa Press, el Ministerio de Economía pidió un informe al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), responsable actual de la gestión de BFA-Bankia.
Según la propia entidad bancaria, "ni Bankia ni Banco Financiero y de Ahorros (BFA) han prestado asesoramiento jurídico gratuito ni de ninguna naturaleza a los exmiembros de sus consejos de administración" en relación con las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional.
Lo que sí existe, reconoce el Ejecutivo, es "la cobertura a través de una póliza de seguros" de estos exdirectivos, que pueden decidir "libremente" si hacen uso de sus coberturas comunicándose directamente con la compañía aseguradora que procedan. Esto es, según el Gobierno, "una práctica empresarial habitual en la mayor parte de las sociedades y absolutamente común en la práctica totalidad de las sociedades que cotizan en Bolsa".
