Publicado 02/02/2015 18:23CET

IU-ICV exige el cese del director de una fundación de Agricultura y Medio Ambiente por "corrupción"

Inauguración del Cetal
REMITIDA

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) exige al Gobierno que cese al director general de la Fundación Centro Tecnológico Alimentario (CETAL), Javier López, por el "caso evidente de corrupción" que se conoció hace un par de semanas en relación con la adjudicación de un contrato de asesoramiento de este organismo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, al bufete de abogados de su tesorero.

A mediados de enero, el diario 'La Voz de Galicia' publicó que el CETAL había adjudicado un contrato de asesoramiento jurídico administrativo, laboral, civil y mercantil al despacho de abogados Lucus Lex, S.L.P., del que es socio Luis Lamas, a la sazón secretario de organización del PP de Lugo y presidente de la Sociedad Gallega de Medio Ambiente (Sogama), un cargo este último que le coloca automáticamente como tesorero de la Fundación que dirige el CETAL.

El contrato público, adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad, se eleva a 30.000 euros por asesorar en materia jurídica durante dos años al Centro, y a su licitación se presentaron tres ofertas, resultando ganadora la del bufete de Luis Lamas quien, pocos días después de conocerse la noticia, presentó su dimisión como presidente de Sogama y, por ende, también como tesorero de CETAL, si bien sigue figurando en esos puestos en las páginas web de ambos organismos.

CETAL TAMBIÉN DEBE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD

Sin embargo, la Izquierda Plural considera "evidente" que la Dirección de la Fundación CETAL "también debe asumir responsabilidades por el escándalo", y exige al Gobierno que "adopte las medidas oportunas" como titular del organismo para depurar responsabilidades entre los implicados, empezando por cesar al director general de la Fundación, Javier López Viana.

En su iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en la Comisión de Agricultura del Congreso, la coalición recuerda que la adjudicación del contrato de la Fundación al bufete de su tesorero es "absolutamente incompatible con el funcionamiento transparente y democrático exigible a cualquier institución pública" además de un "caso evidente de corrupción".

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