MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
Unos 66.000 desempleados de colectivos desfavorecidos, beneficiarios de la Renta Activa de Inserción (RAI), se incorporan al sistema de protección por desempleo con carácter permanente. Este programa contará con un presupuesto para el próximo año de 360 millones de euros, un 20% mas que el del ejercicio 2006.
El Consejo de Ministros aprobó hoy, a propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, un Real Decreto por el que se regula el programa de la RAI destinado a desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
Hasta ahora, dicho programa, que se ha venido aplicando desde el año 2000, se ha regulado como una medida de carácter temporal, con vigencia anual y condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.
La nueva regulación, cumple con el acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo, firmado el 9 de mayo de 2006 por el Gobierno y los interlocutores sociales y da una mejor respuesta a las directrices sobre el empleo de la Unión Europea.
Asimismo supone un cambio sustancial en cuanto a la naturaleza y alcance de la prestación, de modo que, recogiendo en parte los contenidos de los programas anteriores, incorpora importantes mejoras.
La mejora más significativa es que por primera vez la regulación tiene carácter permanente, en lugar de anual, lo que garantiza la estabilidad y continuidad de su aplicación y configura la prestación como un derecho subjetivo de obligado reconocimiento si se reúnen los requisitos establecidos al efecto.
Otra mejora importante es que la cotización a la Seguridad Social durante la percepción de la RAI corre a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal en la misma forma establecida para los subsidios por desempleo.
SE ELIMINA EL PERIODO DE ESPERA DE UN MES
Por último se establece la percepción de la RAI desde la solicitud, eliminando el período de espera de un mes que se venía aplicando en años anteriores, lo que demoraba la percepción durante ese período.
El programa que se ha aprobado hoy mantiene contenidos de la regulación anterior. Así, los colectivos protegidos siguen siendo los desempleados con especiales dificultades económicas y dificultad para encontrar empleo que adquieran el compromiso de realizar las actuaciones necesarias para facilitar su inserción laboral, que sean parados de larga duración mayores de 45 años, emigrantes retornados, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, y se reincorpora a las víctimas de violencia doméstica.
Se mantiene la percepción de una ayuda económica, con una duración máxima de 11 meses y una cuantía del 80% del IPREM vigente en cada momento (391 euros de pago mensual al beneficiario).
Se podrán obtener ayudas para incentivar el trabajo por cuenta propia o ajena y habrá ayuda suplementaria para cambio de residencia de víctimas de violencia de género o doméstica por el importe de 3 meses de la Renta sin que se minore la duración de ésta (1.173 euros de subvención).
Por último, se aplicarán acciones de inserción laboral como son: la atención individualizada por asesores de empleo, la gestión de ofertas de colocación o la incorporación a planes públicos de empleo o formación profesional o a programas integrados para el empleo, asesoramiento para el autoempleo.
