MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El conjunto de las comunidades autónomas deberán alcanzar un superávit del 0,25% del PIB en el trienio 2008-2010, según las cuentas aprobadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El establecimiento de este objetivo es consecuencia de la aplicación de la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a registrar superávit cuando la economía crece más de un 3%.
Por otro lado, en virtud de la misma ley las comunidades podrán incurrir en un déficit adicional por la realización de inversiones productivas del 0,25% del PIB regional.
En rueda posterior al CPFF, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, señaló que este objetivo, aprobado con la oposición de una sola comunidad autónoma, es "absolutamente uniforme" y no supone una "discriminación" hacia ninguna de las comunidades.
Además, Solbes se mostró convencido de que las comunidades podrán alcanzar estos objetivos, dado que el año que viene deberían haberse ejecutado todos planes de saneamiento pendientes.
En la misma reunión, el Ministerio presentó un informe a los consejeros de las comunidades autónomas sobre el techo de gasto no financiero del Estado para 2008 aprobado por el Parlamento el pasado mes de junio, que ascenderá a 152.560 millones de euros, un 6,7% más que en el ejercicio anterior, en línea con el crecimiento del PIB nominal.
Solbes explicó, por otra parte, que el consejero de Economía de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, cuestionó si la inversión estatal en las comunidades autónomas que contemplen los Presupuestos Generales del Estado seguirá los criterios que establecen los estatutos catalán y andaluz, a lo que el vicepresidente segundo del Gobierno señaló que el Gobierno decidirá sobre este reparto en virtud de las "inversiones prioritarias".
REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.
Por otro lado, y debido a la interpelación de los consejeros del PP, Solbes señaló, tanto a lo largo de la reunión del CPFF como ante los medios, que "se podrán dar pasos en la presente legislatura (para reformar el sistema de financiación autonómica) cuando se encuentre el momento óptimo para llegar a una solución", pero no "si el tema se convierte en un debate de confrontación política".
No obstante, reprochó a los 'populares' un cambio de discurso en torno a estas cuestiones, ya que, dijo, han pasado de defender el modelo de financiación vigente desde 2001, a defender el cambio de "algunos elementos sustanciales".
