MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Comsumidores y Usuarios (OCU) pedirá al Gobierno español que se oponga a la propuesta de la presidencia letona del Consejo Europeo de retrasar la eliminación del 'roaming' (recargo por itinerancia) y que asuma el compromiso de la Eurocámara de eliminar este recargo a partir del 15 de diciembre de 2015.
OCU anuncia que va a luchar "con todos los medios a su alcance" contra esta iniciativa "claramente perjudicial" para los consumidores y que supone que tendrán que estar pagando durante tres años más unas carísimas tarifas sin ningún tipo de justificación.
La organización denuncia que, una vez más, los gobiernos de la Unión Europea, incluido el de España, "se han plegado a las exigencias de las grandes operadoras en detrimento de los derechos de los consumidores".
En abril de 2014 el Parlamento Europeo aprobó una resolución por la que se debían eliminar de forma progresiva las tarifas de 'roaming' hasta su desaparición en diciembre de 2015.
Estas tarifas, que son las que cobran las operadoras a los consumidores cuando se encuentran fuera de su país de residencia, son notablemente superiores a las tarifas nacionales y son el principal motivo por el que los europeos no utilizan el móvil en los desplazamientos fuera de su país, recuerda OCU.
Ahora la presidencia del Consejo ha propuesto que se retrase la desaparición total del 'roaming' al menos hasta 2018. Para OCU, no hay ningún tipo de razón de costes para cobrar una tarifa diferente fuera del país, "más allá de la voracidad recaudatoria de las compañías a costa del bolsillo de los consumidores".
Además OCU ha criticado en reiteradas ocasiones la "opacidad" con la que las compañías informan a los consumidores de sus tarifas y las negativas consecuencias que esto tiene para los consumidores con facturas extremadamente altas.
"A pesar del acuerdo del Parlamento, los gobiernos de la Unión Europea han cedido a las presiones de las operadoras y han decidido proponer una prórroga de al menos tres años para la eliminación del roaming. Una vez más los ciudadanos contemplan perplejos cómo los intereses de las empresas están por encima de los intereses de los ciudadanos y las decisiones de las instituciones que los representan", lamenta.
