BRUSELAS, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea declaró hoy ilegales las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno a la alemana E.ON para adquirir Endesa al considerar que vulneran los principios de libre circulación de capitales, derecho de establecimiento y libre circulación de mercancías.
El dictamen del Ejecutivo comunitario, que tiene un carácter preliminar, se refiere a la respuesta que dio el pasado 3 de noviembre el Ministerio de Industria a los recursos contra las 19 condiciones que impuso inicialmente la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que también fueron declaradas ilegales por Bruselas.
España tiene de plazo hasta el 13 de diciembre para presentar sus observaciones con respecto a la evaluación preliminar de la Comisión. Si los argumentos del Gobierno no convencen a Bruselas, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, podría adoptar una decisión jurídicamente vinculante exigiendo la derogación de las nuevas condiciones.
El pasado 26 de septiembre, Bruselas declaró ilegales 18 de las 19 condiciones impuestas por la CNE al considerar que invaden la competencia exclusiva del Ejecutivo comunitario a la hora de examinar las fusiones de dimensión comunitaria y vulneran el libre movimiento de capitales y la libertad de establecimiento. Por estas razones, exigió al Gobierno que las retirara de manera inmediata.
La Comisión considera que dicho dictamen "sigue siendo válido porque la decisión del Ministerio de Industria español no ha modificado, o sólo ha modificado ligeramente, la decisión de la CNE", según informó a través de un comunicado.
El Ejecutivo comunitario recuerda que el pasado 25 de abril aprobó sin condiciones la adquisición del control exclusivo de Endesa por E.ON al considerar que no tendrá un impacto negativo sobre la competencia y que la actuación del ministerio de Industria invade su competencia exclusiva para analizar operaciones de dimensión comunitaria.
En paralelo, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, mantiene abierto un expediente sancionador contra España por el decreto que amplió las competencias de la CNE y le facultó para imponer condiciones a la OPA de E.ON. Las autoridades españolas tienen hasta principios de diciembre para modificar el decreto. En caso contrario, el caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ya anticipó este martes que esperaba una decisión negativa de Bruselas y anunció que el Ejecutivo español seguirá discutiendo los argumentos de la Comisión si no le parecen convincentes.
"Si hay una posición negativa de la Comisión en ese sentido, analizaremos cuál es la línea argumental. Si la línea argumental nos parece convincente seguiremos la línea argumental y si no la seguiremos discutiendo", recalcó.
"Nosotros creemos que hemos aceptado aquellas demandas que la Comisión había planteado y que tenían un impacto claro en dificultar la operación transnacional", explicó el vicepresidente.
Andalucía
