Reconoce que concedió 1,3 millones de ayudas a un proyecto de Vidal Armadores y otros 1,5 millones a una empresa adquirida por ésta
MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino defendió hoy que sus actuaciones en relación con determinados buques implicados en pesca ilegal en aguas reguladas por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos "están presididas" por el respeto a las reglas del Estado de Derecho y a la normativa comunitaria e internacional en materia pesquera.
En un comunicado, la Secretaría General del Mar respondió de este modo a las críticas de Greenpeace, que, tras informar de que ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue por pesca ilegal a la empresa gallega Vidal Armadores, afirmó que España "se ha convertido en la bandera de conveniencia de uno de los más famosos agentes de barcos ilegales del mundo".
La organización ecologista solicitó además que se indague sobre la asignación de 3,6 millones de euros de fondos públicos a esta compañía.
A este respecto, el Ministerio señaló que las subvenciones verificadas a la empresa alcanzan un total de 2,8 millones de euros, de los que 1,3 millones corresponde a un proyecto piloto del año 2004, mientras que el resto se destinó a un expediente de nueva construcción del buque Galaecia, que se concedió en 2008 a la empresa ceutí Pesquera Rif, después absorbida por Vidal Armadores.
Tras recalcar que la política pesquera del Gobierno se basa en la defensa de una pesca "responsable y sostenible", el departamento Elena Espinosa detalló los procedimientos, expedientes sancionadores o multas aplicadas a los buques Triton I, Galaecia, Perseverance y Paloma V.
En relación con el Paloma V, explicó que Nueva Zelanda investigó a este buque en mayo de 2008 y recogió pruebas que avalarían su presunta implicación en actividades de pesca ilegal y su vinculación con la empresa Vidal Armadores.
APERTURA DE DILIGENCIAS
A tenor de las pruebas aportadas, la Secretaría General del Mar comunicó a la Comisión Europea y a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos la apertura de las "diligencias oportunas" en septiembre del mismo año.
Además, la semana pasada remitió a la Fiscalía toda la documentación referente a la actividad de este buque, abanderado en Namibia, pero con nacionales españoles a bordo en funciones de mando y "presuntamente" propiedad de la empresa Vidal Armadores.
Respecto al Galaecia, explicó que se abrieron dos procedimientos sancionadores distintos contra este buque hundido en julio de 2008, uno con sanción firme y otro que fue archivado, aunque "se sigue trabajando para que la Administración pesquera pueda tener evidencias de las que ahora no se disponen".
