MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, reconoció hoy que el regulador podrá modificar las medidas cautelares sobre la regulación de las nuevas redes en caso de que los operadores presenten recursos de reposición basados en "argumentos sólidos y demostrables".
En la misma línea, Rodríguez aseguró que desconoce si algún operador ha presentado ya algún recurso y descartó que, en caso de llevarse a cabo algún tipo de modificaciones, puedan ser muy drásticas. "Dudo que las cautelares se modifiquen tan fuertemente", respondió el presidente de la CMT a un grupo de medios tras su intervención en el XIX Encuentro del sector de las Telecomunicaciones, organizado por el IESE.
Así, explicó que el plazo para presentar un recurso de reposición es de un mes, y aseguró que el regulador tratará de analizar las peticiones que presenten las partes y tomar una decisión "lo antes posible".
En cuanto a la posibilidad de que Telefónica pueda frenar el ritmo de su inversión en fibra en caso de que la CMT no cambie alguna de las obligaciones que le ha impuesto, descartó que el regulador haya recibido algún tipo de comunicación formal por parte del operador incumbente. "Los reguladores contestan con una resolución" una vez que se presentan alegaciones formales en el registro del organismo, explicó.
Entre la obligaciones que podrían condicionar la inversión futura de Telefónica se encuentran la apertura de sus canalizaciones de obra civil y la exigencia de preparar en un plazo de cuatro meses una oferta mayorista sobre fibra que permita a sus rivales replicar las ofertas y que incluya el servicio de televisión, según publicaba el lunes la prensa económica local citando a fuentes cercanas a la operadora.
En este sentido, el presidente de la CMT aseguró que "no existe relación entre las medidas cautelares y la salida comercial" de la oferta de fibra de Telefónica, prevista para la segunda mitad de este año, y negó que la medida contemple un calendario que obligue a la compañía a presentar la oferta mayorita en un plazo de cuatro meses.
