MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes, a instancias de CiU, si pide al Gobierno que aumente el papel que está jugando el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para contener la crisis del sector de la construcción y su impacto en el crecimiento económico y la creación de empleo.
El portavoz de Vivienda de la coalición nacionalista, Pere Macias, será el encargado de defender ante el resto de grupos una moción que surge como consecuencia de la interpelación que su compañero Josep Sánchez Llibre dirigió al vicepresidente económico, Pedro Solbes, y contiene diferente propuestas para articular una "auténtica política de vivienda".
En el transcurso de aquel debate, Sánchez Llibre reclamó al ministro de Economía y Hacienda que el ICO amplíe su línea de avales a la promoción de la vivienda libre con el objeto de reducir el 'stock' de las inmobiliarias convirtiéndolas en VPO, para que el sector padezca "lo mínimo posible" con la crisis.
En este punto, Solbes mostró su disposición a ampliar la línea de avales establecida a través del ICO para la promoción de viviendas de protección oficial. "Se trata de un punto en el que se puede avanzar algo más, puede tener sentido", aseguró, si bien eludió pronunciarse acerca de la posibilidad de incluir en él la vivienda libre convertible en protegida, ni la de precio concertado.
No obstante, advirtió de que "el ICO no es de chicle y que no se puede estirar de forma indefinida para hacer todo aquello que no se puede hacer con el presupuesto". "Tiene sus límites, y si lo utilizamos para unas cosas no se podrá utilizar para otras".
Estas declaraciones concuerdan con las que el propio presidente del ICO, Aurelio Martínez, realizó esta misma semana durante su intervención en el Congreso Nacional de Finanzas (ECOFIN), donde admitió que del organismo para generar liquidez está "prácticamente al límite" y no puede paliar todas las necesidades del sistema.
Con su iniciativa, CiU pretende que el Congreso inste al Ejecutivo a adoptar una serie de medidas para favorecer el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos con menos recursos, en el marco de la actual "reducción de la actividad económica".
MULTIPLICAR LOS RECURSOS.
En su texto, CiU propone textualmente que se incrementen los recursos actuales del ICO destinados a establecer acuerdos con las entidades financieras para la construcción de vivienda protegida, "así como la finalización de vivienda libre que tenga como objetivo su conversión en vivienda protegida y vivienda a precio concertado".
El Instituto tendría también que prestar su respaldo al riesgo de subidas de tipo de interés en las hipotecas destinadas a la adquisición de vivienda protegida, de obra nueva y usada, durante los primeros 5 años, junto a otros avales del Estado y programas de financiación análogos creados por las Comunidades Autónomas.
Además, los nacionalistas pretenden que se multipliquen por cuatro los recursos que el Estado destinará a políticas de vivienda a lo largo de esta legislatura, mediante la aprobación del nuevo Plan 2009-2012, que tendrá que ser consensuado con las Comunidades Autónomas.
También pide ampliar del 80% al 100% el porcentaje máximo de financiación destinada a la adquisición de viviendas protegidas y ampliar a 30 años el plazo de amortización, así como que se fomente la introducción de la fórmula de acceso a la vivienda a través del alquiler con opción de compra.
INCENTIVOS FISCALES AL ALQUILER.
La moción recoge varias medidas de corte fiscal, entre las que Estimular fiscalmente las actividades de rehabilitación de viviendas, especialmente a través de la financiación de un tipo único del 7% del IVA para todas las obras de rehabilitación, adecuación y mantenimiento de edificios y viviendas,
Asimismo, propone que se estimule temporalmente el ahorro a largo plazo en vivienda de alquiler. Para ello, modificar el IRPF al objeto de incorporar una nueva deducción bajo dicho concepto, con el requisito de destinar la vivienda a alquiler durante al menos 5 años.
Por último, solicita la cesión "prioritaria" de aquellos bienes integrantes del Patrimonio del Estado, adscritos al Ministerio de Defensa e Interior, que se encuentren en "situación de infrautilización" a las administraciones territoriales, para que sean destinados a vivienda protegida "o a otros destinos sociales".
