Afirma que el perjuicio patrimonial de la compañía derivado del pago de facturas sin justificar ascendió a 1,5 millones de euros
MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 2 años y 10 meses de prisión y multa de 1,4 millones de euros para el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, por un presunto delito de administración fraudulenta o desleal relacionado con el desvío de 1,5 millones de euros de la compañía Recol, de la que era en 2000 consejero delegado, mediante facturas sin justificar, según el escrito de calificación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
Además, Anticorrupción reclama la misma pena para el que fuera consejero delegado de la entidad Ignacio Ozcariz Arraiza, mientras que solicita el archivo de la causa para el resto de los imputados.
La Fiscalía Especializada, que pide la apertura de juicio oral, ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular Baltasar Garzón instruye la causa desde 2002 cuando la Agrupación de Afectados por la ampliación de capital acudió a los tribunales para reclamar que el dinero que había invertido en la sociedad en 2000 había desaparecido.
El escrito de acusación comienza con la creación de la compañía en 1999 por los Colegios Profesionales de Ingenieros Aeronáuticos, de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (CICCP) y la Fundación Red de Colegios Profesionales (FRCP) como una empresa de servicios de Internet que proporciona mayor agilidad y facilidad de capitalización.
Al frente de la sociedad se situó a Ignacio María Ozcariz como presidente del Consejo de Administración. En 2000, la sociedad acuerda llevar a cabo una ampliación de capital. En estos momentos, Villar Mir, que desde 2000 era presidente del CICCP, es nombrado consejero delegado de la compañía.
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Igualmente, ese año se acordó lanzar una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de 4,8 millones de acciones: un 90% sería para los colegiados y asociaciones de los Colegios, Consejos de Colegios y Asociaciones Profesionales integrados en la FRCP, y un 10% sería para los Colegios Promotores de la FRCP (CICCP, Colegio de Ingenieros Aeronáuticos y Colegios de Farmacéuticos de Madrid).
En el desarrollo de la OPS durante mayo de 2000, el Consejo de Administración fijó el precio de las acciones para ambos tramos en el máximo previsto de 6 euros por acción, quedando finalmente el aumento de capital íntegramente suscrito y desembolsado, ascendiendo a 29,13 millones de euros.
Según el fiscal, "bien a través de una estrategia urdida por los responsables del CICCP, bien a través de una decisión adoptada con posterioridad a la suscripción de las acciones, siendo plenamente conscientes tanto Ozcariz Arraiza como Villar Mir del perjuicio patrimonial que experimentaría Recol, procedieron a articular unos pretendidos créditos, que no se sustentaban en la prestación efectiva de los servicios cuyo concepto se hizo constar en las facturas emitidas por dicho colegio profesional y abonadas".
El escrito de acusación concluye que el perjuicio patrimonial para Recol derivado del pago de las anteriores facturas ascendió a 1.456.719 euros, exactamente "el 50% de la cantidad que resultaría a pagar por el total de las 485.573 acciones inicialmente reservadas al tramo de Colegios Promotores en la OPS y cuya íntegra suscripción solicitó dicho CICCP".
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