MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana (ERC) y EH-Bildu han trasladado al Gobierno una batería de propuestas para dar respuesta a la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania que incluye reactivar las medidas de protección social aprobadas en la pandemia, fijar un límite al precio de la electricidad, un bono carburante para rentas bajas y sectores especialmente afectados e impuestos especiales a las grandes eléctricas, la banca y grandes fortunas.
En materia energética, estas formaciones llaman a desvincular el gas del sistema de fijación de precios, ampliar el recorte a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas por el sobrecoste del gas, recuperar el control de las centrales hidroeléctricas y un bono carburante para rentas bajas y sectores profesionales como el transporte, la agricultura o la pesca, con un descuento inicial de 20 céntimos el litro.
Asimismo, llaman a bajar al 10% el IVA del gas para consumidores vulnerables, ampliar el acceso al bono social, ayudas para la industria y una auditoría exhaustiva del mercado eléctrico para conocer el coste real de la generación y poder establecer precios máximos en su comercialización.
En materia fiscal, plantea un impuesto especial del 12% sobre los beneficios de las empresas energéticas, un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, un impuesto temporal a la banca y un mínimo efectivo del 15% sobre los beneficios en el Impuesto sobre Sociedades.
Respecto al mercado de trabajo, ERC y Bildu piden activar los ERTE previstos en la última reforma laboral, prohibir el despido y los descuelgues de convenio por causa directa o indirecta relacionadas con la crisis, la revalorización por ley de los salarios con IPC y actualizar conforme al mismo el salario mínimo y el Iprem.
Otras medidas planteadas son reactivar las moratorias de pago de los alquileres, la congelación de las rentas y prórroga de contratos, prorrogar la prohibición de corte de suministros, la activación de líneas de créditos 'blandos', un fondo para el transporte municipal, ayudas públicas condicionadas al mantenimiento del empleo y de localización, e inspecciones para asegurar el buen funcionamiento de la cadena de suministro.
