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MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Exolum ha defendido, tras la notificación de la apertura de un expediente sancionador por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por tres posibles abusos de posición dominante, que los precios pactados con sus clientes son "razonables y transparentes", y que su actuación se ajusta plenamente a la normativa de competencia y al marco regulatorio aplicable.
Fuentes de la compañía, que recordaron que una apertura de procedimiento no prejuzga su resultado final ni implica la existencia de infracción alguna, indicaron a Europa Press que, como muestra de ello, la variación de precios de sus principales servicios ha sido inferior a la inflación cada año durante los últimos 25 años, manteniéndose invariable incluso durante la reciente crisis energética.
De esta manera, el operador de logística de hidrocarburos líquidos señaló que se encuentra analizando el contenido del expediente junto con sus asesores jurídicos y reiteró que colaborará plenamente con la CNMC durante la tramitación del mismo, ejerciendo "con todas las garantías" sus derechos de defensa en el marco del procedimiento.
Asimismo, Exolum reafirmó su "firme compromiso con la legalidad, la libre competencia y las mejores prácticas de mercado", al tiempo que precisó que, al tratarse de un procedimiento en curso, no realizará comentarios adicionales sobre el fondo del asunto.
TRES POSIBLES ABUSOS DE POSICIÓN DOMINANTE.
Este miércoles, la CNMC informó de la apertura de una investigación a Exolum Corporation por tres posibles abusos de posición dominante. En concreto, el regulador ha iniciado este expediente sancionador por posibles prácticas anticompetitivas del principal operador de logística de hidrocarburos líquidos en España en los mercados de prestación de servicios logísticos de transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos, biocombustibles y otros productos químicos.
En un comunicado, el organismo presidido por Juan José Ganuza indicó que analiza tres presuntos abusos de posición dominante relacionados con aplicar precios excesivos sobre sus tarifas y negar el acceso a sus instalaciones de transporte y almacenamiento a un tercer operador competidor en el puerto de Tarragona. Dichas prácticas constituirían conductas contrarias a la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC).
No obstante, el regulador indicó que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y que ahora se abre un periodo máximo de 24 meses para su resolución.
