SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado que "su intención" es prorrogar la investigación sobre la emisión de pagarés de Nueva Rumasa, tras la solicitud elevada a este respecto por la Fiscalía Anticorrupción, pues el plazo legal de un año que tenían los fiscales para la práctica de diligencias finaliza el próximo 8 de marzo.
Durante su intervención en Sevilla en un desayuno informativo de la tribuna 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Conde-Pumpido ha recordado que, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se recibió hace cerca de un año una denuncia de la Agencia Tributaria "para investigar posibles hechos delictivos, delitos fiscales, que se pudiesen estar cometiendo por parte de este grupo empresarial".
En este sentido, el fiscal general del Estado ha puesto de manifiesto que, "desde entonces, ha llevado una investigación en profundidad que también llevó a tratar de generar advertencias públicas de que había un riesgo evidente en participar en esas emisiones de pagarés". "Las personas que desearon participar en ello sabían perfectamente a qué se arriesgaban", ha señalado.
Al hilo de ello, Cándido Conde-Pumpido ha aseverado que, tras recibir la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para prorrogar adicionalmente seis meses la investigación sobre la emisión de pagarés de Nueva Rumasa, "su intención" es aceptar esa solicitud "y autorizarle para que se siga adelante con esa investigación".
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado una prórroga adicional de seis meses para seguir investigando la emisión de pagarés de Nueva Rumasa, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía.
Las mismas fuentes descartaron la presentación inminente de una querella contra la familia Ruiz-Mateos por presunta estafa en la emisión de pagarés, lo que daría inicio a un proceso judicial contra ellos por estos hechos.
Además, explicaron que, por el momento, las investigaciones se centran en determinar el destino del dinero aportado por los inversores, por lo que las investigaciones podrían ampliarse a presuntos delitos de insolvencia punible o alzamiento de bienes.
En este sentido, también aclararon que se han localizado cerca de 900 inversores particulares frente a los 5.000 que los propietarios de Nueva Rumasa aseguran tener. Este listado incluye a los depósitos entregados al 'holding' empresarial en las cuatro emisiones de pagarés realizadas desde febrero de 2009 hasta finales de 2010.
