MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno presentó ayer un recurso de súplica contra el auto del Tribunal Supremo que suspendió de forma cautelar el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizaba con condiciones la OPA de Gas Natural sobre Endesa. En su recurso el abogado de Estado alega que con la decisión de suspender la oferta, el Alto Tribunal antepone los intereses de los administradores de la eléctrica a los de los accionistas, y en este sentido sostiene que los de estos últimos son los "únicos dignos de tutela cautelar".
Esta no fue la única novedad en la compleja y cada vez más enrevesada trama jurídica de la OPA, ya que también ayer el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el PP contra el decreto ley que ampliaba las competencias de las Comisión Nacional de Energía (CNE) y facultaba a este organismo para examinar la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa.
En el recurso de súplica que presentó el abogado del Estado ante el Supremo, alega que la tramitación de la OPA de Gas Natural no supone "ningún perjuicio", sino que, como muestra el aumento del valor de cotización del empresa, es un "claro beneficio". Además, señala que es a los accionistas de Endesa "a quienes corresponde decidir cuál será el futuro" de la compañía, y no a sus administradores, a sus trabajadores o a los consumidores del sector energético, quienes no ostentan "derecho alguno que justifique" la suspensión cautelar de la OPA.
Además, considera que, a parte de los intereses de los accionistas, el "único interés digno de tutela" en esta operación es la "salvaguarda de la competencia real y efectiva en el mercado energético". Y en este sentido asegura que existen unos "importantísimos y relevantes intereses públicos prevalentes, que son la salvaguarda de la defensa de la competencia, la incidencia de la operación en los diferentes ámbitos y sectores en los que se proyecta", que "impiden la producción de efectos restrictivos irreparables". También señala que en caso de producirse, los efectos negativos no serían ni inmediatos ni irreversibles.
El recurso presentado por el Gobierno finaliza recordando que 14 de los 32 magistrados que deliberaron sobre la medida cautelar solicitada por Endesa emitieron votos particulares, que considera que "reflejan, de forma rigurosa y precisa, las fracturas legales y jurisprudenciales que ha supuesto la decisión" que el Supremo adoptó el pasado 21 de abril.
EL RECURSO DEL PP PROSPERA
Por su parte, el Tribunal Constitucional anunció ayer que admite a trámite el recurso que el pasado 11 de abril presentó el PP contra el decreto ley que amplió las funciones de la CNE para poder analizar la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa. En una providencia remitida al Congreso, la Sección Tercera del Constitucional comunica la admisión a trámite del recurso y, en consecuencia, da quince días a las Cortes y al Gobierno para decidir si se personan en el proceso y remiten alegaciones.
En su recurso los populares sostienen que el decreto impugnado vulnera la Constitución y la normativa comunitaria, además de ser una norma aprobada 'ad hoc' por el Gobierno para frenar la oferta de E.ON sobre la primera eléctrica española. En su escrito el PP también señala que el Gobierno utilizó un procedimiento de urgencia (decreto-ley) en la aprobación de la norma, para el que el PP no encuentra justificación y critica la "retroactividad" de la medida, así como la "arbitrariedad" de la norma.
Una norma que amplío la polémica 'función 14' en virtud de la que la CNE está analizando la oferta de la alemana E.ON que ayer interpuso un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el que pide que anule la decisión del regulador español de admitir a Iberdrola y Unión Fenosa como parte del proceso.
El grupo que preside Wulf Bernotat solicita a José Montilla que declare que la decisión de la CNE de reconocer como partes interesadas a las dos compañías eléctricas "es contraria a la ley" y en consecuencia "debería ser revocada".
