MADRID, 19 Nov. (OTR/PRESS) -
El PSOE ha acusado al Gobierno de "mercantilizar" el permiso de residencia, después de que Ejecutivo haya anunciado la intención de conceder el permiso a aquellos extranjeros que compren un piso en España cuyo precio supere los 160.000 euros. Los socialistas han tachado de "oportunista" la "ocurrencia poco seria" del Ejecutivo y creen que hay medidas más rigurosas para mover el 'stock'.
La secretaria de Cooperación e Inmigración del PSOE, Marisol Pérez Domínguez, ha salido al paso del anuncio del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, para responder que "en lugar de meterse a comercial de los promotores inmobiliarios, debería actuar de verdad para frenar los desahucios y que no haya cada vez más pisos vacíos y más familias en la calle".
Para Domínguez, la idea es un "disparate" y una "ocurrencia" que "evidencia la total equivocación de las prioridades del Gobierno". Por ello, ha pedido la "inmediata" comparecencia pública de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, "supuesta responsable de la materia de inmigración", para que aclare la información y ha adelantado que, de ser cierta, el PSOE pedirá su comparecencia urgente en el Parlamento.
Además, ha advertido de que los permisos de residencia son algo que vincula durante mucho tiempo, mientras que un piso "se puede vender al día siguiente de la compra". Asimismo, ha avisado de que la decisión también afectaría al resto de países de la UE, "porque junto con la residencia en España hay posibilidades posteriores de moverse en Europa".
Por eso, ha exigido "rigor" al Ejecutivo, porque "la residencia no es una plaza de garaje que regalar con la compra del piso, pero la voracidad privatizadora del Gobierno no conoce límites" Así, el PSOE ha reprochado al Gobierno de "mercantilizar" el permiso de residencia y "comerciar" con la educación, la sanidad y los servicios públicos.
La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados en Inmigración, Esperanza Esteve, considera que el único objetivo del Gobierno con la propuesta no es otra que "el negocio" y regalar permisos de residencia. Además, ha añadido que supondría "un agravio comparativo" con los residentes españoles, sean inmigrantes o no.
"Se ve la doble vara de medir que tiene el Ejecutivo con la inmigración: ven una oportunidad de negocio y se regalan permisos de residencia. Así se rompe el principio de que para conceder los permisos de residencia tiene que haber un proceso. Rompen un molde ideológico en el que ellos están sentados", ha indicado en declaraciones a los medios.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, cree que si lo que pretende el Gobierno es mover el 'stock' de viviendas disponibles, hay medidas mucho más "rigurosas". No obstante, prefiere esperar para conocer en profundidad la propuesta antes de valorarla porque le parece "poco elaborada" y aún no se conoce si las cantidades de las que se habla están cerradas o a qué nacionalidades se dirigiría.
"EL PAÍS ESTÁ EN VENTA"
"El país está en venta. Sólo es cuestión de negociar el precio. El PP es el que vende. Lo comprará cualquiera que tenga dinero y esté dispuesto a pagar. ¿Lo siguiente que les ofrecerán será impunidad?", ha sentenciado la líder nacional de UPyD, Rosa Díez.
La portavoz magenta ha señalado que el Ejecutivo lo mismo amnistía a los defraudadores como que abre la vía para cualquier extranjero que quiera blanquear dinero, quedándose de paso con el país, al ofrecerles residencia a cambio de dinero.
Por su parte, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, se ha sorprendido por la propuesta porque la música de la medida es "novedosa", pero a la vez, también es "rara". "No sé si esto va asociado sólo al permiso de residencia o también a los permisos de trabajo", ha añadido el dirigente sindical, que quiere más información sobre el tema.
Su homólogo en UGT, Cándido Méndez, cree que "difícilmente se puede modificar el reglamento de la Ley de Extranjería para incluir este requisito sin contravenir sus procedimientos, requisitos y principios". En un comunicado, ha criticado que la propuesta supondrá "una ruptura intolerable entre los extranjeros que quieran venir a España". "Sólo aceptamos ciudadanos ricos", sentencia el escrito.
