MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las patronales de distribuidores y supermercados advirtieron este viernes de que el proyecto de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, aprobada por el Consejo de Ministros, puede generar "más conflictividad" y menor seguridad jurídica para los operadores del sector.
La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) sostiene que "al renunciar a fijar, con carácter de mínimo, un concepto de gran establecimiento comercial aceptado por todas las comunidades autónomas, esta norma pierde una buena oportunidad de ayudar a reducir el coste de la regulación que soporta el sector comercial, lo cual sería especialmente importante en un momento de crisis".
Asedas, que representa a Mercadona, Dinosol, El Árbol, Ahorramás y Condis, entre otras cadenas, señaló que tampoco se han establecido unas "condiciones mínimas" de cumplimiento de la Directiva de Servicios.
Según dijo a Europa Press el director general de la asociación, Ignacio García Magarzo, esto "supone un riesgo añadido de que exista más conflictividad y menor seguridad jurídica para los operadores", por lo que confió en que la tramitación parlamentaria permita "mejorar estos aspectos de una norma que es esencial para la competitividad del comercio en España".
CLARIFICAR EL RÉGIMEN DE LICENCIAS
Por su parte, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), integrada por Carrefour Express, Dia, Supercor, Eroski, Lidl y Sabeco, también lamentó que se haya perdido la oportunidad de "haber clarificado aún más" el régimen de licencias, puesto que "lo que necesitan las empresas es un marco jurídico que les dé seguridad".
En declaraciones a Europa Press, el director general de ACES, Aurelio del Pino, hizo hincapié en que se ha hecho recaer la decisión sobre licencias en las comunidades autónomas y, a su juicio, "tener un régimen jurídico distinto en función del territorio no es bueno".
Del Pino, quien consideró que el nuevo marco jurídico es mejor que el actual, expresó su temor de que en determinadas zonas los criterios de carácter medioambiental, urbanístico y de preservación del patrimonio que permite la normativa para limitar la implantación de establecimientos, "en la práctica puedan encubrir criterios de carácter económico".
