MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los trabajadores de las empresas españolas podrán participar de los beneficios que se obtengan de las invenciones que propongan para mejorar los procesos productivos en su empresa y también tendrán derecho a obtener una "compensación razonable" por las mejoras técnicas no patentables que garanticen a su empleador una "posición ventajosa".
Éste es uno de los cambios incluidos entre la cuarentena que el PP plantea para el proyecto de ley de Patentes, actualmente en tramitación en el Congreso y que en su redacción original ya recoge el derecho de los trabajadores a ser compensados por las invenciones que propongan y que sean asumibles por el empresario.
Con las enmiendas de los 'populares', que recoge Europa Press, se precisa que estas compensaciones pueden consistir en una "participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o la cesión" de los derechos del trabajador sobre dicha invención.
MEJORAS TÉCNICAS
Además, en el caso de una mejora técnica no patentable que, mediante su explotación como secreto industrial, ofrezca al empleador una "posición ventajosa" similar a la que habría tenido participando de un derecho de propiedad industrial, el trabajador también tendrá derecho a "reclamar una compensación razonable" tan pronto como se explote dicha mejora.
Los 'populares' explican en su enmienda que su intención es "incentivar" a los trabajadores a plantear innovaciones, una sugerencia que ya pusieron sobre la mesa los expertos en patentes que comparecieron hace unas semanas ante la Comisión parlamentaria de Industria.
Para "evitar que la pasividad del empresario ponga en peligro la posibilidad de solicitar válidamente la patente" por la invención de un trabajador que puede asumir por haberse producido en el marco de la empresa, el PP obliga también a comunicar su intención de asumir la titularidad del invento y a presentar la solicitud de propiedad industrial "dentro de un plazo adicional razonable fijado con el empleado" que, en caso de que no se cumpla ese trámite, tendrá derecho a solicitar la patente en nombre y por cuenta del empresario.
SOLICITUDES E IDIOMAS
En el ámbito de los idiomas en que se pueden solicitar las patentes, los 'populares' eliminan la referencia a "cualquier otra lengua" distinta del español siempre que se registre también una traducción en el plazo máximo de dos meses, y limitan esta posibilidad únicamente a las lenguas cooficiales. En este caso, los documentos deberán ir acompañados de la correspondiente traducción al castellano, que "se considerará auténtica en caso de duda entre ambas".
No obstante, sí se permitirá presentar la descripción de la solicitud en cualquier idioma a efectos de obtener una fecha de presentación, que marca el inicio del resto de plazos. Posteriormente, habrá de presentarse también una traducción al español.
Para las solicitudes de patentes europeas o patentes internacionales se entenderá que la invención se ha realizado en España siempre que su autor tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en nuestro país.
PROCEDIMIENTOS
En el ámbito del procedimiento de solicitud de una patente, los 'populares' plantean permitir al solicitante no sólo que pueda efectuar alegaciones al informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita, sino también que pueda subsanar cualquier defecto detectado, lo que incluye modificar las reivindicaciones.
Si no se cumple este paso, se denegará la solicitud mediante resolución motivada. En cualquier caso, las solicitudes que vayan acompañadas por un informe de búsqueda internacional que ha realizado la propia Oficina no necesitarán el informe sobre el estado de la técnica ni de la opinión escrita, ya que se "duplicaría" un servicio ya pagado.
En la fase de publicación de la documentación, el PP quiere que se ponga a disposición de cualquier ciudadano todos los informes del expediente, y que se edite un folleto con la descripción y las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o secuencias biológicas.
Cuando la validez de una patente esté pendiente de un procedimiento judicial, sólo el juez podrá autorizar cualquier petición de limitación, mientras que en el caso de las patentes de interés para la defensa nacional las autorizaciones se entenderán concedidas por silencio administrativo positivo.
En cuanto a los modelos de utilidad, se prevé prorrogar hasta los cuatro meses el plazo total para presentar pruebas o completar alegaciones a una oposición siempre que ésta se haya solicitado en el plazo previsto inicialmente, de modo que no se prolongue el "periodo de incertidumbre para el solicitante", que requiere de rapidez en la concesión de este tipo de protección.
Por lo demás, los modelos de utilidad quedarán sujetos a las normas de nulidad (total o parcial), revocación y caducidad de las patentes, mientras que los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios no podrán ser denegados cuando la Oficina detecte que la autorización de comercialización no es la primera en la UE.
TASAS
Finalmente, en relación con las tasas, el PP plantea que la de mantenimiento de la prórroga sea fija, en lugar de quedar vinculada a la duración del certificado. Además, incluye la posibilidad de devolver también el 75% de la tasa --y no sólo el 25%, el 50% o el 100% como figura en el proyecto de ley-- en función de si el informe sobre el estado de la técnica se basa, parcial o totalmente, en el informe de búsqueda internacional.
Otra enmienda "mejora la claridad y precisión de los supuestos y plazos para pago" de las diferentes tasas, mejorando la redacción sobre cuándo comienzan los periodos de devengo y cuando vencen los plazos de pago.
Además, se clarifica que la reducción del 50% en las tasas por solicitud de patentes o modelo de utilidad de la que pueden beneficiarse autónomos o pymes se aplique durante el tercer, cuarto y quinto año, ya que en los dos primeros ejercicios ya están exonerados.
PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL
En otro paquete de enmiendas, el PP propone cambiar la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, de 2003, para ajustarla a las nuevas previsiones sobre patentes, de modo que, por ejemplo, la Oficina de Patentes deba examinar de oficio cualquier diseño que pueda incluir un "uso indebido" de los "símbolos especialmente sensibles" del país, como la bandera, el escudo o los emblemas de España o de cualquiera de sus administraciones territoriales. En caso de detectarlo, sería motivo de denegación de la solicitud.
También se eliminan "cargas administrativas innecesarias" de modo que los interesados no deban aportar una copia o traducción de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica "salvo que existan dudas sobre la validez del diseño registrado" o que la OEPM no la tuviera. Y se eleva de 42 a 43,70 euros la tasa por formulación de oposición, que además se barema en función del número de diseños impugnados, yendo de 17,89 euros si son entre 41 y 50 a 34,96 euros si se trata de entre once y 20.
En la misma línea, se establece una tasa de 389,77 euros por solicitud de examen sustantivo, 517,21 euros por la de tramitación de certificados complementarios de protección de medicamentos-productos fitosanitarios, de 517,21 euros por prórroga de certificados de protección de medicamentos y de 42,06 euros por contestación a un suspenso provocado por defectos formales, por el que ahora será obligatorio pagar independientemente del tipo de expediente de que se trate.
Asimismo, se eleva de 74,19 euros la tasa por solicitud de revocación o limitación al incorporar los 23,19 euros de la tasa de modificaciones correspondiente a la emisión del nuevo folleto.
