Unión de Uniones valora la propuesta de UE sobre contratación pública, pero cree que se queda a medio camino

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones ha valorado como un avance la propuesta de la Comisión Europea para reformar los mecanismos de contratación pública, pero advierte de que, en la compra de alimentos por las administraciones, los criterios de prioridad de mayor interés para los agricultores y ganaderos de la UE y la preferencia de las producciones seguirían siendo voluntarios si el borrador no se reforma, según informa en un comunicado.

En concreto, la CE presentó una propuesta de reglamento para sustituir las Directivas actuales que regulan los mecanismos de contratación pública. No se trata de una norma específica para la compra de alimentos en colegios, hospitales o residencias, sino una reforma general del sistema que, eso sí, introduce determinados criterios de preferencia en las adquisiciones de productos alimentarios por parte de las administraciones.

La organización agraria ve "positivo" cualquier avance que en el suministro a centros públicos represente una mayor ventaja para la situación de los productores europeos, considera que la propuesta de reglamento de la Comisión "no es suficientemente ambiciosa".

Unión de Uniones explica que el nuevo reglamento, introduciría en su artículo 53 que las administraciones puedan tener en cuenta, además de las condiciones económicas, la equidad y transparencia de la cadena alimentaria y, expresamente, una remuneración justa para los agricultores. También la organización de la cadena de suministro, la producción ecológica, las figuras de calidad e indicaciones geográficas, otros métodos de producción, la frescura y estacionalidad, el valor nutricional y el bienestar animal.

"Que Bruselas reconozca como importante cuánto dinero le llega al agricultor o ganadero cuando se compra comida con recursos públicos, no deja de estar bien, pero luego está la letra pequeña y si todo se queda en que podrán hacerlo, pero no están obligados, nos quedamos a medio camino", han señalado.

De esta forma, la propuesta también incorpora como novedad que el precio de compra no sea el único criterio que puedan tener en cuenta las administraciones en sus adquisiciones y que los criterios de calidad deben pesar al menos un 30% en las decisiones de adjudicación, incluyendo criterios sociales o medioambientales, como ha defendido la Comisión en el Parlamento Europeo este lunes en la primera exposición política a este respecto.

No obstante, nuevamente, entre esos criterios de calidad podrán estar o no los contemplados en el artículo 53, que son los que Unión de Uniones considera que tienen mayor valor estratégico para el sector.

La Comisión plantea también en el artículo 73 de su propuesta que se permite incluir requerimientos de preferencia europea en los productos adquiridos por las administraciones, exigiendo una cierta proporción de origen europeo o concediéndoles mayor puntuación.