MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las empresas que incumplan los laudos y acuerdos de la mediación serán castigados llegando a ser excluidos del Sistema Arbitral de Consumo, según se recoge en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.
Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, se busca así reforzar las figuras de la mediación y el arbitraje de Consumo para proteger al consumidor.
De este modo, se incluyen como infracciones en el artículo 51 de la Ley de Protección a los Consumidores de la Comunidad de Madrid "el incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa como resultado de la mediación efectuada en el marco de las actuaciones administrativas de esta ley".
También se indica que se sancionará "el incumplimiento de lo dispuesto en los laudos dictados en el marco del procedimiento establecido en el Sistema Arbitral de Consumo", siendo excluidas además de este sistema.
La Comunidad ha resuelto en lo que va de año un total de 3.807 solicitudes de arbitraje, un 22,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, la mayor parte en la fase de mediación previa (52%) y el resto mediante laudo (48%). Dicho laudo es de obligado cumplimiento para empresario y consumidor, con el mismo valor que una sentencia judicial.
Además, el Gobierno regional tiene suscritos convenios con grandes empresas de suministro energético como Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, Galp y Endesa gracias a los que estas compañías deben pronunciarse sobre la solicitud de mediación del cliente en un plazo inferior a 15 días, debiendo justificar la causa en caso de que resulte negativa. Además, el gobierno ha mejorado la mediación en el sector de la telefonía gracias al acuerdo con Telefónica España para la tramitación de reclamaciones y solicitudes de arbitraje que acorta los plazos de resolución.
Por otra parte, según ha quedado recogido en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2015, la Consejería de Economía y Hacienda ha establecido un nuevo régimen de autoliquidación mensual, a través de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en las declaraciones de operaciones de compraventa de oro, con el objetivo de conseguir un mayor control en el ámbito fiscal de este mercado, como se está haciendo ya en materia de metrología y consumo.
