MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado este viernes una petición de comparecencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el Congreso para que explique el cambio de financiación de los Puertos del Estado, que a su juicio lastrará la competitividad de estas instalaciones al obligarles a destinar la mitad de sus beneficios al Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuaria.
Los independentistas catalanes reclaman así que Pastor dé cuenta ante la Comisión parlamentaria de Fomento de sus previsiones de impulsar en las próximas semanas un decreto ley que modifique las aportaciones a este fondo y, por ende, al sistema de financiación de los Puertos españoles.
La decisión, incluida en el plan de medidas para la reactivación económica aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de junio, tiene como objetivo que con los beneficios portuarios se puedan financiar los accesos terrestres de los 28 enclaves del sistema portuario español.
YA HAY SOLIDARIDAD
Sin embargo, supone un cambio importante con respecto al actual sistema de financiación de los puertos, que ya prevé que los beneficios contribuyan al conjunto del sistema pero en menor medida, de forma que el 4% de los ingresos por tasas se destina a financiar la Organización Pública de Puertos del Estado y un 4,5% del 'cash flow' se dirige al Fondo de Compensación Interportuario, con lo que se mantiene a los puertos deficitarios.
Según ERC, la propuesta de que "los beneficios de puertos como el de Barcelona sirvan para pagar los accesos del resto de puertos del Estado" podría provocar una "reducción de la competitividad de puertos con beneficios".
De hecho, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el presidente del Puerto de la Ciudad Condal y la Cámara de Comercio de Barcelona se han quejado de esta decisión, lo mismo que asociaciones empresariales de la Comunidad Portuaria del Puerto de Barcelona, que han llegado a amenazar con ir al Tribunal de la Competencia Europeo si fuera necesario. La medida también ha despertado "preocupación e incertidumbre" en la Junta de Andalucía.
