MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley del Servicio Postal Universal, texto que 'encarga' a Correos la prestación de este servicio de interés público.
En concreto, el servicio postal universal incluye la gestión de los envíos de cartas, tarjetas postales y paquetes de hasta 10 kilos de peso, tanto ordinarios como certificados.
La ley encomienda a Correos esta tarea para garantizar un servicio postal de calidad, que llegue a todos los puntos y a todos los ciudadanos del territorio del Estado, con precios asequibles y en condiciones de permanencia y no discriminación.
El texto legal contempla además la articulación de un sistema de financiación que garantice al operador postal público la suficiencia de recursos para hacer frente a los costes que le supondrá la prestación de este servicio.
Este fondo de financiación se nutrirá con la contribución de todos los operadores con presencia en el mercado postal y con aportaciones del Estado.
El proyecto de ley regula así todos los aspectos, ya sean materiales como de principios, a los que debe atenderse la prestación del servicio universal por parte de Correos.
La norma pone fin la área de negocio postal que hasta ahora tenía reservada Correos, para crear un mercado de libre competencia y más abierto, "sin que por ello se ponga en riesgo su viabilidad financiera", dado el "sólido sistema de financiación alternativo" que incluye, según indicó el Ministerio de Fomento.
El otro gran pilar de la Ley lo constituye la regulación de los derechos de los usuarios de los servicios postales.
Con todo, con el nuevo texto, además de transponer la legislación europea, el Gobierno busca garantizar un servicio postal de calidad, los derechos de los usuarios del mismo y articular un mercado postal en libre concurrencia con reglas de funcionamiento seguras y transparentes.
Fomento destacó en un comunicado que la Ley se aprueba tras un intenso proceso de consultas, en el que han participado agentes y empresas del sector, y después de recibir el dictamen favorable del Consejo de Estado.
Además, subrayó que uno de los "principios rectores" del texto es el respeto a los derechos sociales y laborales de los trabajadores postales.
