El Gobierno cambiará en tres meses la ley de Seguridad Aérea y suavizará las sanciones a quienes admitan incidencias
MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó hoy el proyecto de ley que regula la organización del trabajo de los controladores aéreos y ratificó el acuerdo alcanzado por PSOE, CiU y Coalición Canaria para fijar la edad máxima para el servicio activo en funciones de control de estos profesionales se fije en 57 años y eliminar la posibilidad de hacerlo a petición propia desde los 52 años cobrando el salario base íntegro de 170.000 euros.
La norma, que a partir de ahora se tramitará en el Senado, fue apoyada por todos los grupos salvo Izquierda Unida y BNG, que votaron en contra. Al texto se incorporaron aportaciones de CiU, PNV, ERC-IU-ICV, BNG y Coalición Canaria. Ninguna del PP, que había presentado un paquete de enmiendas contra la "privatización o externalización" de los servicios de control aéreo, en contra de lo propuesto por la norma aprobada por el Gobierno a primeros de febrero.
El ponente socialista, Rafael Simancas, señaló que la norma permite garantizar la seguridad aérea y la sostenibilidad de las cuentas de AENA, al tiempo que acaba con los "privilegios inasumibles que un grupo de personas" ha disfrutado por las deficiencias del modelo, que hacía necesario "sortear el obstáculo" del convenio suscrito en 1999 en defensa del "interés general y el sentido común".
El 'popular' Andrés Ayala denunció que la nueva ley es un "parche" lleno de "contradicciones" a causa de una "negociación apresurada con grupos minoritarios" después de la "dejadez" del Gobierno en los cinco años anteriores, en los que sólo proveyó el 17% de los controladores necesarios, lo que obligó al pago de "sueldos excesivos" a los controladores a través de las horas extraordinarias.
Por su parte, el portavoz de Fomento de CiU, Pere Macías, admitió que era necesario un "golpe de timón democrático" para remediar la situación creada y evitar que se repita en el futuro. Asimismo, defendió que AENA ha estado "en un brete" a causa de presiones incluso políticas que le ha obligado a tomar decisiones "desacertadas".
"No hay buen viento para quien no sabe a dónde ir", advirtió por su parte el portavoz de Fomento del PNV, José Ramón Beloki, quien criticó que el texto aprobado por el Gobierno no reconoce las enormes deficiencias por parte del Ministerio de Fomento y de AENA para remediar la situación de los controladores sin llegar al extremo de solventar el problema a través de una ley "absolutamente excepcional".
Por su parte, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, recordó que votó en contra del decreto ley origen de esta ley y que el Congreso convalidó el pasado 11 de febrero, pese a rechazar los "privilegios" de los controladores.
El representante del BNG, Francisco Jorquera, señaló que Fomento es "incongruente" al presentar un modelo de gestión aeroportuaria centralizada y con participación limitada del sector privada, mientras abre la puerta a la "externalización total" de los servicios de control.
El PSOE pactó con CiU, ERC-IU-ICV y BNG una enmienda transaccional que da un plazo de tres meses al Gobierno para "regular adecuadamente" las sanciones a los controladores que informen de incidentes de seguridad --a no ser que sean graves--, con el objeto de no disuadirles de hacerlo y contribuir así a mejorar la seguridad aérea. Así, se reformará la ley de Seguridad Aérea para adaptarla a los principios de "cultura justa".
Asimismo el Congreso resuelve el fleco dejado por el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 5 de febrero, fijando un límite máximo de edad activa para los controladores que establece en los 57 años, si bien determina que estos trabajadores se sometan a controles continuados y valorar así su capacidad para realizar funciones operativas de control de tránsito aéreo.
COTO A LAS 'PREJUBILACIONES'.
A esta edad los controladores se retirarían sin poder acogerse a la situación de licencia especial retribuida pasando a desempeñar otras labores dentro de AENA, en función de las cuales se les retribuiría, o a la reserva activa --si el operador de los servicios de control no puede asignarles otras funciones--, con un sueldo que se acordaría en función de la negociación colectiva.
Con el acuerdo suscrito hoy, la Cámara Baja ratifica la decisión del Ministerio de Fomento de suprimir durante tres años el derecho de los controladores de acogerse voluntariamente a la situación de licencia especial retribuida, conocida como LER, a partir de los 52 años si reunían ciertas condiciones de tiempo de servicio, y a los 55 años con carácter general.
Si no hay acuerdo entre AENA y controladores transcurrido ese tiempo, la edad de retiro serán los 57 años (a no ser que los controles médicos determinen lo contrario). En caso de que haya acuerdo el paso a la situación de licencia especial retribuida no será a petición del controlador, sino que se determinará "exclusivamente" por su falta de capacidad psicofísica contrastada. Además, las retribuciones que se pacten respetarán el principio de "sostenibilidad económica y financiera" de AENA y el compromiso de Fomento de bajar las tasas un 15% en dos años.
ECONOMÍA TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA SOBRE EL CONVENIO.
Respecto a los salarios, la retribución se fijará conforme a los acuerdos entre los controladores y AENA, "previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda", que partirá de lo que recoge el convenio de 1999, actualizándose para 2010 conforme a lo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contempla para el personal al servicio del sector público.
No obstante, para el personal en activo al servicio de AENA a fecha de 5 de febrero de este año --es decir, en el momento en que se aprobó el Real Decreto-- podrá acordarse un "complemento personal transitorio no absorbible por adaptación a la nueva jornada" de 1.670 horas ordinarias anuales.
Asimismo, recalca que todo acuerdo que se alcance estará supeditado a los objetivos de reducción de déficit de AENA y de recorte de tasas del 15% en dos años que plantea la nueva ley y "en ningún caso los podrá poner en peligro".
1.670 HORAS ANUALES.
No obstante, y gracias a las enmiendas de CiU, cuando uno de los nuevos operadores privados previstos por la nueva ley asuma los servicios de control, los controladores públicos "sobrantes" tendrán tres alternativas: aceptar el puesto que les ofrezca AENA, que su contrato "quede extinguido" o quedar "subrogados" en las plantillas de las compañías privadas que asuman la gestión de las torres de control.
Además, la jornada máxima de 1.750 horas ordinarias contemplada en la norma original se rebaja a 1.670, de forma que para alcanzar el tope fijado por el Gobierno se puedan realizar 80 horas extraordinarias, en línea con el Estatuto de los Trabajadores. La norma original ya admitía este número de horas extraordinarias, pero sobreañadidas a las 1.750 horas anuales.
