MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los diputados de Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que reclaman cambiar la denominación del Ministerio de Fomento por la de Ministerio de Transporte y Movilidad, así como reducir la inversión en infraestructuras de transporte al 50% en un plazo de ocho años para potenciar el gasto en la gestión.
Asimismo, el texto de la proposición, al que tuvo acceso Europa Press, propone planes estratégicos y sectoriales, directrices y estudios de viabilidad y evaluación de la movilidad, para cuyo diseño la formación ecosocialista reclama la creación de un Observatorio de la Movilidad Metropolitana y un Consejo Nacional de la Movilidad Sostenible.
En el ámbito estatal exige la elaboración de un plan estratégico de infraestructuras y transporte (carretera, marítimo y ferrocarril), programas para transporte no motorizado, aplicación de directivas sobre movilidad sostenible y políticas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Para las comunidades autónomas, obliga a diseñar planes autonómicos con un diagnóstico e iniciativas sobre el tráfico interurbano.
En el caso de los ayuntamientos, se piden planes de movilidad urbana en municipios que superan los índices de contaminación o de más de 20.000 habitantes, mientras para las empresas demanda políticas de reducción del tráfico en polígonos industriales, áreas de ocio, comerciales o espacios universitarios, así como planes de empresa para las compañías de más de 200 trabajadores, entre otras cuestiones.
Esta iniciativa recupera una anterior presentada en julio del año pasado por el entonces grupo parlamentario de IU-ICV, Los Verdes, el sindicato CC.OO. y las organizaciones ecologistas WWF/Adena, Greenpeace y Ecologistas en Acción, cuya tramitación decayó en la Cámara Baja debido al final de la legislatura.
LEY DE AHORRO ENERGÉTICO.
IU e ICV han 'resucitado' también otra proposición de ley elaborada con estos mismos socios, presentada a principios de este mismo año, referente al ahorro y uso eficiente de la energía.
En ella, se establece un objetivo uniforme de ahorro en el consumo total de energía a nivel nacional de, al menos, un 1% anual en términos absolutos, durante los primeros cinco años a partir de la entrada en vigor de la ley. Esta cifra debería ajustarse posteriormente para alcanzar una reducción mínima absoluta del 20 por ciento en 2020 con respecto a 2005.
Con el fin de alcanzar dicha meta, la proposición de ley recoge la puesta en marcha de un "amplio elenco" de actuaciones y medidas de gestión, entre las que destaca la disponibilidad de auditorías energéticas al alcance de todos los usuarios finales, especialmente para las pymes y los sectores residencial-terciario.
Asimismo, incide en que los precios y las tarifas eléctricas deberán establecerse de manera que reflejen los costes sociales y ambientales originados por las 'energías sucias', al tiempo que se apuesta por la eliminación progresiva del mercado de las tecnologías "obsoletas e ineficientes".
Para la realización efectiva de los objetivos e instrumentos previstos en la ley, se propone la creación de la Agencia para el Ahorro y las Energías Renovables como ente administrativo e institucional, y el Consejo Consultivo de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía como órgano de participación social, económica y ciudadana.
