MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) --en primera instancia del TJUE-- ha rechazado la admisión de los recursos presentados en 2020 por las patronales logísticas UNO y Asempre contra las ayudas estatales de 1.219 millones de euros recibidas por Correos entre 2011 y 2020 por la prestación del servicio público de cartas y paquetes.
La Justicia europea considera que tanto Asempre como UNO "carecen de legitimación activa" para impugnar la decisión adoptada anteriormente por la Comisión Europea. Para poder impugnarla, las empresas que forman parte de ambas asociaciones tendrían que haber resultado individualmente afectadas.
En este sentido, el Tribunal defiende que Asempre y UNO no han demostrado "de modo jurídicamente suficiente" que las ayudas a Correos, que han sido declaradas compatibles por la Comisión Europea, puedan afectar sustancialmente a la posición de al menos uno de sus miembros en el mercado de referencia.
Asimismo, señala que ninguna de las dos patronales han demostrado, en el contexto de los litigios presentados con anterioridad, que estén individualizadas porque se vean afectados sus propios intereses como asociaciones.
Ambas presentaron en 2014 sendas denuncias ante la Comisión, alegando la ilegalidad e incompatibilidad con el Derecho de la Unión de diversas ayudas financieras otorgadas por España a Correos para el cumplimiento de la obligación de servicio postal universal (SPU) a partir de 1998 y hasta 2026.
En el SPU se incluyen las actividades de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y transfronterizos, tanto de cartas y tarjetas postales de hasta dos kilogramos de peso, como de paquetes postales de hasta veinte kilogramos de peso, así como la prestación de sus servicios de certificado y valor declarado.
INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN
Ante las denuncias, la Comisión inició un procedimiento de investigación formal que culminó con una decisión adoptada el 10 de julio de 2018, en la que estimó que España había concedido a Correos, durante el período comprendido entre 2004 y 2010, una compensación "excesiva" por el cumplimiento de la obligación SPU.
En concreto, concluyó que las exenciones tributarias del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y del impuesto sobre actividades económicas (IAE) constituían ayudas incompatibles con el Tratado, por lo que ordenó a España que recuperara dichas ayudas por un importe de 167 millones de euros.
En marzo de 2019, UNO y Asempre volvieron a tramitar una denuncia para pedir a la Comisión que examinara la compensación otorgada a Correos entre 2011 y 2020 y las exenciones tributarias que la Comisión aún no había investigado, mientras que el Gobierno, en enero de 2020, cifró en 1.280 millones de euros las ayudas a Correos por prestar el servicio en ese periodo, entre 2011 y 2020. Hasta ese momento, había recibido 1.219 millones de euros.
Con todo ello, en mayo de 2020, la Comisión declaró que las compensaciones otorgadas por España a Correos debían calificarse de ayudas de Estado compatibles con el mercado interior, considerando que los cálculos presentaban una estimación "fiable y conservadora" de la carga soportada por Correos por la prestación del SPU, de modo que no había riesgo de compensación excesiva y que las compensaciones así concedidas no podían falsear la competencia. Esta decisión es la que las patronales recurrieron ante el TJUE y cuyos recursos han sido ahora inadmitidos.
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