SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de las alegaciones y propuestas remitidas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el proyecto de Real decreto por el que se establecen medidas urgentes de apoyo al sector de la pesca y de la acuicultura, para poder hacer frente al impacto económico y social derivado del Covid-19.
Esta norma ha sido sometida a trámite de información pública y su contenido ha sido objeto de análisis por la Consejería y el propio sector, que han llegado a la conclusión de que la estatal establece mayores restricciones que las planteadas por la propia Unión Europea a la hora de la concesión de ayudas que alivien el impacto de esta crisis.
La UE aprobó un reglamento sobre medidas específicas para atenuar el impacto del brote de Covid-19 en el sector de la pesca y la acuicultura. Este reglamento no contempla algunas peticiones concretas realizadas desde el sector pesquero y acuícola de Andalucía.
Las propuestas que la Junta trasladó y que no se han recogido consisten en ayudas a la paralización definitiva de buques de pesca que se pudieran ver obligados al amarre definitivo; la petición de que se pudieran recuperar para el sector pesquero los fondos FEMP que España ha perdido por incumplimientos con los objetivos de gasto a finales de 2018 y 2019, y que ascienden a 73 millones de euros; así como el incremento de los porcentajes de ayudas a las pymes del 50% al 60%.
Tras este reglamento, el Ministerio elaboró el borrador del Real decreto que, a juicio de la Consejería, es más restrictivo que el comunitario en distintas cuestiones. Por ello, con fecha 5 de mayo, se ha remitido un escrito al Ministerio con las alegaciones y peticiones de mejora tanto a esta norma como al planteamiento que, como Autoridad de Gestión del FEMP, hace respecto de las ayudas, cuya gestión compete a las comunidades autónomas.
PARADAS TEMPORALES EXTRAORDINARIAS, AYUDAS Y CERTIFICACIONES
En cuanto a las ayudas a las paradas temporales extraordinarias que va a gestionar el Ministerio, se prevén para la paralización temporal y para un periodo de referencia del 16 de marzo al 30 de junio, en comparación con los días que se ha pescado en 2017, 2018 y 2019. A este respecto, las alegaciones de la Junta señalan que hay que tener en cuenta que algunas flotas en este período realizan paradas biológicas programadas. Por ello, se propone desde Andalucía que para el cálculo de la inactividad provocada por el Covid-19, se tenga en cuenta esta circunstancia.
Al mismo tiempo, el reglamento comunitario habilita ayudas a la paralización temporal para atenuar el impacto del brote del Covid-19 en el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre. Sin embargo, la propuesta ministerial limita el tiempo de referencia a efectos de las ayudas al plazo que va del 16 de marzo al 30 de junio. Por este motivo, desde la Junta se solicita un período mayor, de acuerdo al reglamento comunitario.
Otra de las propuestas de la Consejería es que la ayuda compense los días resultantes de inactividad sin deducir los ingresos generados en los días de actividad que no se subvencionan, en atención a esta situación de excepcionalidad.
El decreto que se pretende promulgar establece que, en el caso de los buques que hayan tenido una actividad parcial durante el período de referencia, la ayuda sea minorada cuando los ingresos por ventas de pescado durante ese período permitan al armador compensar los costes fijos y variables de sus días de actividad y de parada establecidos. Al mismo tiempo, la Consejería solicita una reducción de la documentación a aportar por los armadores y una simplificación de la gestión de estas ayudas.
AYUDAS ANDALUZAS A LA FLOTA
Andalucía prevé ayudas a las flotas por la paralización temporal programadas y de acuerdo con la gestión que corresponde a las comunidades autónomas. En este caso, las paradas son para el palangre de superficie (enero a marzo), arrastre mediterráneo (mes de febrero para las flotas con base en las provincias de Almería y Granada, y mes de mayo para la flota de Málaga), cerco mediterráneo (mes de marzo), arrastre Golfo de Cádiz (del 16 de septiembre al 31 de octubre) y cerco Golfo de Cádiz (diciembre 2020 y enero 2021).
Al margen de estas cuestiones, otra de las peticiones del Gobierno andaluz pasa por el sistema conocido como 'cajas azules', que permite la localización de las embarcaciones y, ante la exigencia de que éstas permanezcan encendidas para la certificación, en su caso, el amarre a puerto de los barcos, cuestión que plantea serias dificultades para los armadores.
Ante esta situación, la Junta solicita que se incorpore en el decreto la flexibilidad y pueda servir para esta certificación el depósito del Rol del barco en las Capitanías Marítimas, no tener ventas en las lonjas pesqueras o el certificado del Instituto Social de la Marina de ausencia de tripulantes.
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PESQUEROS
Las alegaciones de la Junta de Andalucía al decreto que prepara el Gobierno de España se refieren también a las ayudas a las organizaciones de productores pesqueros (OPPS) para los planes de producción y comercialización. El proyecto de decreto prevé la exigencia de un aval bancario por importe del 50% de las ayudas concedidas a las OPPS, más un 5% para poder concederles un anticipo.
La posición de Andalucía aboga por establecer el anticipo en un 50 % de la ayuda aprobada, sin necesidad de presentación de aval bancario, dadas las dificultades que van a tener éstas para la obtención del aval y más siendo necesaria la liquidez para la reactivación económica.
Asimismo, se ha pedido al Ministerio que clarifique si estas organizaciones, con cargo a las ayudas aprobadas para sus planes de producción y comercialización de la pesca, pueden a su vez dar ayudas directas, compensaciones o liquidez a sus propios productores para paliar el impacto del Covid-19.
AYUDAS A LA ACUICULTURA
Por último, para las empresas de acuicultura y debido a la reducción de actividad por esta crisis, el reglamento comunitario permite dar ayudas en forma de compensación por la suspensión o reducción de la actividad.
Por su parte, el Ministerio prevé, a efectos del cálculo de la ayuda, establecer un porcentaje de éstas en función de la pérdida de ingresos por ventas, con dos opciones, un porcentaje sobre el cálculo real de pérdida de cada establecimiento o un porcentaje que se calcula utilizando el ingreso medio predeterminado del estrato en el que se encuentre el establecimiento y se modula por volumen de producción para diferenciar entre establecimientos.
La posición de Andalucía al respecto se decanta por la primera de las citadas opciones, es decir, un porcentaje sobre la disminución de las ventas en el período de referencia y, además, con un tope máximo, considerando como referencia a las empresas de mayor facturación.
