Sequía.- Aragons aborda con el vicepresidente de la CE la oficialidad del catalán en la UE y la sequía

El presidente de la Generalitat, Pere Aragons, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE), Maros Sefcovic.

- GOVERN

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragons, y la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, se han reunido este miércoles en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable del Pacto Verde europeo, Maros Sefcovic, con quien han hablado sobre la oficialidad del catalán en la UE y la sequía.

En un comunicado, el Govern ha explicado que Aragons y Serret se han puesto a disposición de la CE, que está elaborando informes sobre los costes económicos de la oficialidad del catalán, para "aportar información sobre cualquier aspecto que haga falta".

Además de hablar de la sequía en Catalunya, también han abordado temas como la contribución catalana a los objetivos del Pacto Verde europeo, con la apuesta por el hidrógeno verde, la aprobación de "impuestos que gravan las emisiones de vehículos y las emisiones de grandes barcos contaminantes" o el despliegue de infraestructuras de movilidad sostenible.

COMITÉ DE LAS REGIONES

Por su parte, Serret también ha intervenido en el Parlamento Europeo en el debate sobre las prioridades de la presidencia belga del Consejo de la UE, en el marco de un pleno del Comité de las Regiones.

La consellera ha defendido la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, que ha fijado como prioridad para el Govern: "Estaremos para garantizar los derechos de miles de ciudadanos europeos y porque el catalán sea reconocido como lengua oficial en Europa".

Ha asegurado que Catalunya acompañará a la presidencia belga para avanzar en las prioridades del proyecto europeo, y ha subrayado la "importancia de combatir el fascismo y los populismos" de cara a las elecciones europeas de junio.

También ha subrayado el compromiso de la Generalitat con los principios democráticos y la defensa de los ciudadanos "que en el Estado español aún sufren prisión, exilio, persecución judicial y económica, inhabilitaciones, espionaje político y jueces que retuercen el derecho".