MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma por la Infancia denuncia que la infancia "sigue sin ser una prioridad" en los presupuestos generales del Estado porque "no contemplan una evaluación de la situación macroeconómica y fiscal de los derechos de la infancia y adolescencia, no especifican claramente las asignaciones destinadas a ellos, ni incluyen indicadores específicos de su impacto".
Así se desprende del análisis de la Plataforma de Infancia, en el que han colaborado Deloitte Legal y la abogada e investigadora sobre derechos humanos y vulnerabilidad, Violeta Assiego y publicado este viernes, , último día para presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.
El estudio analiza las partidas presupuestarias destinadas a infancia en función de cuatro categorías: protección social y prestaciones, educación, bienestar social y salud.
A primera vista, según precisa la Plataforma, todas las categorías analizadas aumentan en relación con lo presupuestado en 2017. Sin embargo, señala que, tras un análisis más profundo, observan que "este ascenso no responde a una apuesta suficiente y adecuada del Gobierno por la infancia más vulnerable, y que las partidas presupuestarias que fueron recortadas en los años de crisis no están viendo los efectos de la recuperación".
"Los Presupuestos Generales del Estado son la mejor herramienta con la que contamos para analizar las prioridades políticas de un Gobierno y, como muestra el estudio que hoy hacemos público, los derechos de los niños y las niñas, especialmente los de aquellos en situación de vulnerabilidad, están lejos de ser una prioridad en España", ha indicado el presidente de la Plataforma de Infancia, Adolfo Lacuesta.
Lacuesta añade que "es obligación de los Estados garantizar el gasto público suficiente, eficaz, eficiente y equitativo para cumplir los derechos de la infancia establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas".
Por ello, pide un aumento de los recursos destinados a infancia hasta alcanzar la media de la Unión Europea del 2,4 por ciento del PIB, y que este aumento de recursos se garantice a través de un acuerdo político en el marco de un Pacto de Estado por la Infancia.
También reclaman aumentar la prestación por hijo a cargo de 24,25 a 100 euros al mes como principal herramienta para reducir la pobreza infantil. Este incremento, así como la ampliación de los umbrales de familias que perciben esta prestación, supondría, según señalan, reducir sustancialmente los porcentajes de pobreza infantil.
Como notas positivas y avances en materia de derechos de infancia dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, la Plataforma destaca la ampliación del permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas; la asignación presupuestaria "clara y localizada" de las pensiones de orfandad para hijas e hijos de las víctimas de violencia de género; el incremento de deducción para familias numerosas mediante el cheque natalidad, y el establecimiento de la deducción de 1.000 euros anuales por gastos de custodia de hijos menores de tres años en guarderías.
