El teléfono único de la UE para menores desaparecidos detecta 340 casos en España

Foto: EUROPA PRESS

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS

   El número único de la Unión Europea para casos de niños desaparecidos (116000), que en España gestiona la Fundación Anar (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), ha recibido 5.777 llamadas desde su puesta en marcha el 15 de septiembre de 2010 en este país, gracias a las cuales se han detectado 340 desapariciones, según ha señalado el director del teléfono nacional, Luis Estebaranz, en el marco de la 'I Jornada sobre Niños y Adolescentes desaparecidos' de la fundación.

   Un 87,4 por ciento de las llamadas han sido realizadas por adultos, mientras que el resto han sido hechas por menores. La mitad de los casos (50,5 por ciento) detectados tras atenderlas han sido fugas de los propios niños, mientras que ha habido un 32,1 por ciento de secuestros parentales; un 11,8 por ciento de pérdidas; un 5,3 por ciento de secuestros por parte de terceros; y un 0,3 por ciento de casos de menores extranjeros no acompañados.

   Asimismo,  Estebaranz ha apuntado a que un 62,9 por ciento de los menores implicados son niñas y un 35,9 por ciento niños, frente a un pequeño porcentaje de menores no identificados (1,2 por ciento). Además, ha subrayado que un 28,5 por ciento de ellos tienen menos de siete años y un 27,1 por ciento entre 16 y 17 años.

   Este número de teléfono, según ha indicado, tiene como objetivo "la orientación y el acompañamiento" de las familias de los menores desaparecidos y, por ello, ayuda a denunciar y a contactar de manera "inmediata" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; da apoyo psicológico; ofrece asesoramiento jurídico y social; colabora con las investigaciones policiales; y promueve la cooperación "en una Europa sin fronteras".

   En este sentido, el 116000 también está disponible en otros 12 países de la UE, ya ha sido adjudicado en otros tres y, en principio, antes del 25 de mayo de 2013 debería ser operativo en todos los estados miembros. En 2011, las líneas ya en funcionamiento atendieron 89.886 llamadas, que derivaron en 4.400 casos, de acuerdo con datos de Missing Children Europe. De estos casos, 1.493 se produjeron en Bélgica, que fue el primer país en poner en marcha el 116000, y 192 en España.

   Las características de estas desapariciones en el contexto europeo difieren de las de las españolas. Así, dos tercios de los casos fueron fugas (67 por ciento) y una cuarta parte de ellos fueron secuestros parentales (26 por ciento); al tiempo que hubo pocas pérdidas (4 por ciento), secuestros por parte de terceros (2 por ciento) y casos de menores extranjeros no acompañados (1 por ciento).

SISTEMA DE ALERTA A LA POBLACIÓN

   En este contexto, el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Ignacio Ulloa, ha incidido en que las desapariciones constituyen "una preocupación social de primer orden" y en que requieren "una respuesta adecuada desde los poderes públicos", pero también "el compromiso de otras instituciones, empresas y organismos públicos y privados". A su juicio, la "eficaz colaboración" entre estos actores puede llevar a "la rápida y feliz resolución" de lo casos.

   Como ejemplo de la actuación de los poderes públicos, se ha referido a la puesta en marcha en 2009 de un protocolo de instrucción que seguir por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, impulsado por la Secretaría de Estado en caso de detectar una desaparición. Este, según ha explicado, fija un modelo único de denuncia y un sistema automatizado de alerta.

   En esta línea, Ulloa ha adelantado que se está preparando un sistema, que se encuentra en "una fase muy avanzada", para emitir alertas y avisos con el fin de recabar la colaboración de la población cuando resulte "conveniente" en casos de desapariciones de menores o en aquellas en las que haya implicado un adulto y este esté en "alto riesgo".

   Así, ha matizado que este procedimiento no se aplicará cada vez que se produzca una desaparición, sino que se recurrirá a él cuando, aparte de haber un menor o un adulto en "alto riesgo", haya "indicios razonables del carácter forzoso" de la misma y una presunción de los investigadores de que el desaparecido se encuentra en "una situación de inminente peligro de muerte o de riesgo para su integridad".

   Además, la emisión de mensajes de alerta tendrá que atender al "interés de la investigación" y no podrá constituir "un perjuicio" para el desaparecido; al tiempo que requerirá la existencia de "datos suficientes" acerca de este y la conformidad de la persona que sustente la patria potestad o la tutela legal sobre el mismo.

   Al final, según ha apuntado el secretario de Estado de Seguridad, habrá "uno o dos casos al año" y el "principal obstáculo" será asegurar "la inmediatez en la respuesta", ya habrá que tener medios técnicos y recursos humanos suficientes para "atender con garantías las numerosísimas llamadas".

   La puesta en marcha definitiva de este sistema exigirá también, en palabras de Ulloa, la "imprescindible cooperación" de otros actores sociales, por lo que, según ha adelantado, la Secretaría de Estado de Seguridad está trabajando en la firma de convenios con entidades como la propia Fundación Anar y ha contado con la ayuda del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Federación Española de Municipios y Provincias(FEMP), el Instituto de la Juventud de España (Injuve), el Ministerio de Justicia o la Fiscalía General del Estado, entre otros.

TESTIMONIOS DE VÍCTIMAS

   Durante la 'I Jornada sobre Niños y Adolescentes desaparecidos', la Fundación Anar también ha querido contar con la presencia de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las víctimas, que han protagonizado sendas mesas redondas. En la segunda, han intervenido la psicólogo de la Fundación Child Care, María José Coll; la madre de Sandra Palo, Mar Bermúdez; y el abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva.

   Bermúdez ha asegurado que, en el momento en el que asesinaron a su hija, dejó de creer en la justicia y ha incidido en que la policía hizo su trabajo pero "le faltó algo" porque, a su parecer, las víctimas no tienen que encontrar pruebas "muy cerca" del cuerpo de su familiar. Además, ha denunciado que su abogado le tenía "absorbida la cabeza" y les estafó y que, si algún político les ha recibido, ha sido por su "tesón" y el de su marido Francisco.

   Por su parte, Casanueva ha mostrado su "esperanza" en que aparezcan los restos de su nieta, para "poder descansar en paz y pasar página". "Aunque nunca podrá ser olvidada", ha aseverado. También ha celebrado la propuesta del Gobierno de incluir la Prisión Permanente Revisable en el Código Penal y ha solicitado a este "que siga en esta línea de modificaciones" de la legislación penal y la Ley del Menor. "Sería signo de valentía", ha añadido.