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Cuestiona los sistemas de contención en los centros de menores infractores
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, investiga la "invisibilidad" de las mujeres internas en las cárceles españolas, tras su visita al Centro Penitenciario de Picassent (Valencia) --el primero de su ronda de visitas por cuestiones de género--, donde los formularios sólo hablan de 'internos', los registros no contienen información desagregada por sexo o tienen más limitado el acceso a los espacios comunes, a contratos de trabajo y a talleres formativos.
"Por razones de seguridad y protección a las mujeres, se evita que asistan a talleres donde coincidan con reclusos por delitos sexuales o violencia de género con lo que se da la paradoja de que la condición de potencial víctima acaba jugando en su contra", sostiene el Defensor sobre esta prisión en la que hay 2.052 hombres y 236 mujeres.
Esta es una de las conclusiones del Informe Anual 2018 que realiza la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que ha entregado Fernández Marugán este lunes 16 de septiembre en el Congreso de los Diputados y el Senado.
En 2018, el MNP ha inspeccionado 111 lugares de privación de libertad repartidos por 31 provincias de 17 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta. Una de cada tres visitas fue de seguimiento para comprobar si la aceptación de las resoluciones emitidas por la Institución supone o no un cambio real de los problemas detectados en anteriores inspecciones. En total, se han alcanzado 1.788 conclusiones que han derivado en 45 recomendaciones, 760 sugerencias y 17 recordatorios de deberes legales.
En su visita a los 15 centros penitenciarios, el Defensor advierte en este informe de que sigue detectando que en algunos de ellos no existe un libro en que se registren las quejas, denuncias o procedimientos judiciales relativos a actuaciones incorrectas de funcionarios contra internos. Asimismo, insiste en que sigue sin haber un protocolo unificado sobre la colocación de cámaras de seguridad, grabaciones, imágenes y la custodia de las mismas.
FALTA DE PERSONAL SANITARIO EN LAS CÁRCELES
Asimismo, advierte de la "insuficiente" dotación de personal sanitario en las cárceles, así como la falta de estos profesionales las 24 horas del día y reitera la necesidad establecer un sistema de solicitudes de asistencia sanitaria de urgencias en todos los centros penitenciarios.
Sobre las ocho visitas a centros para menores infractores, el documento revela la "preocupación" de la institución por los ingresos de menores en centros de comunidades distintas a las de su residencia, que llega a "comprometer" el mantenimiento de los vínculos familiares, dado es "esfuerzo económico" que supone para las familias ir a visitarles.
Asimismo, el documento revela la constatación de que todavía hay centros de menores infractores que no cuentan con libros de registro en el que inscribir el uso de medios coercitivos o, incluso, los que sí lo tienen no incluyen información necesaria como el nombre de los internos, la medida empleada o el motivo de aplicación de la misma.
También ha detectado "significativas diferencias" a la hora de recurrir a las contenciones mecánicas, así como en la formación del personal. "Es el momento de reflexionar acerca de la idoneidad del uso de contenciones mecánicas en este tipo de centros", asevera el Defensor en su informe.
LOS INTERNOS DE LOS CIE CON ANTECEDENTES NO SON SEPARADOS
De las visitas a los cinco de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), esta institución ha continuado detectando "carencias" en 2018. En concreto, se refiere a que sigue sin garantizarse la separación de internos con antecedentes penales de aquellos que carecen de estos y que se encuentran internos por su situación irregular.
Asimismo, advierte de que los CIE, al igual que las cárceles, tampoco cuentan con personal sanitario las 24 horas del día y avisa de la falta de asistencia psicológica, psiquiátrica y la ausencia de analíticas sobre consumo o enfermedades contagiosas. También se ha detectado que no se garantiza el derecho de los internos a recibir la visita de personal de ONG.
En cuanto a los 15 operativos de repatriación de extranjeros supervisados, el informe señala que existe un "alto número de casos" en los que a las personas repatriadas no se les comunica la fecha y hora de ejecución de la orden de repatriación y que persiste la práctica de que solo las personas que proceden de los CIE disponen de un documento médico en el que conste que son aptos para viajar.
