ONGs piden revisar el bono social para que llegue automáticamente a necesitados y prohibir cortes de luz a vulnerables

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 organizaciones de la sociedad civil como Amigas de la Tierra, Oxfam Intermón y UGT han exigido una revisión del mecanismo del bono social para que llegue automáticamente a los que más lo necesitan sin que el adjudicatario tenga que realizar ningún trámite adicional al reconocimiento de su situación y que se prohíban los cortes de suministro por impago a los hogares vulnerables.

Así se han expresado en un manifiesto conjunto en el que han denunciado la falta de implementación de las medidas expuestas en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Según el último análisis de Ecodes, sólo se ha implementado completamente el 21% del total.

Además, las organizaciones han resaltado la necesidad de poner en marcha medidas estructurales para paliar la pobreza energética, como priorizar las inversiones, ayudas o subvenciones en eficiencia energética de aquellos hogares que no pueden asumirla o vincular la realización de asesorías energéticas y análisis de facturas a cualquier tipo de ayuda pública y de manera prioritaria para el pago de facturas energéticas a familias en situación de vulnerabilidad energética.

A su vez, también han insistido en incrementar las inversiones públicas en producción de energía renovable, y dar preferencia a personas vulnerables a su suministro y acceso para que éstos "no tengan que seguir siendo clientes cautivos de los carísimos y contaminantes combustibles fósiles (gas natural, butano o gasóleo)".

En líneas generales, las entidades han hecho un llamamiento a todas las administraciones públicas para cambiar el sistema energético y poner en el centro a los "vulnerabilizados" por el sistema y así hacer frenta a la crisis climática. En su manifiesto conjunto, recuerdan que es obligación de los poderes públicos garantizar la protección e inclusión social de todos sus ciudadanos con equidad. "No sólo se trata de derechos: eliminar la pobreza energética es una cuestión de salud pública, de cumplir la legislación europea y por supuesto, es de justicia social", han recalcado.

En este sentido, las asociaciones han puesto el foco sobre como los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de este año muestran un aumento del porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, que alcanza ya al 26,5% de la población. Asimismo, la sociedad se enfrenta a un incremento en la factura de la luz, debido principalmente a la recuperación de los impuestos reducidos o excluidos de manera excepcional por la pandemia y la crisis de los precios de la energía.

"Todas estas circunstancias sumado a la volatilidad de los precios de la energía en el mercado mayorista nos debe poner en alerta del riesgo de que aumente de manera considerable el número de afectados por la lacra de la pobreza energética", han advertido.