Familias denuncian a la Generalitat de Cataluña por reclamar dinero a dependientes que van a talleres ocupacionales

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para los derechos civiles de los discapacitados y sus familias ha denunciado este miércoles al Govern y a la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña ante la Fiscalía Superior de Catalunya por un delito de supuesta prevaricación al reclamar el retorno de parte de la prestación de la Ley de dependencia a personas que acuden a talleres ocupacionales.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que la Generalitat está revisando los programas individuales de atención (PIA) de los dependientes severos que acuden a talleres ocupacionales y les está reduciendo la prestación por cuidador no profesional, al considerar que, mientras están siendo atendidos en el centro, su familia no se hace cargo de ellos, por lo que no debe cobrar por esas horas.

Fuentes de la Conselleria han explicado a Europa Press que las reclamaciones se están haciendo de acuerdo con lo que indican los servicios jurídicos de la Generalitat, recordando que la legislación vigente obliga a las administraciones a exigir la devolución de las ayudas públicas que se han demostrado indebidas.

Han subrayado que si se están reclamando estos pagos es porque ha quedado demostrado que debe hacerse, aunque el Govern "se adapta a las necesidades de cada usuario y acuerda con ellos un calendario de retorno sin que suponga perjuicio para su bienestar".

En cambio, las familias afirman en su denuncia que esta reclamación económica solo se puede hacer en el caso de que el dependiente acuda a un centro de día y no a un taller ocupacional, por lo que acusan a la Generalitat de equiparar ambas situaciones, algo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictaminó el pasado marzo que no podía hacerse, según las mismas.

Por ello, aseguran que el Govern está "discriminando a las personas con discapacidad que llevan asociada una dependencia severa", reclamando la devolución de las prestaciones por cuidador familiar con carácter retroactivo.

Según las familias, estas reclamaciones oscilan entre los 8.000 y los 12.000 euros, algo que califican de "alegal" y alertan del embargo de las cuentas de los afectados.