BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente E-Cristians, Josep Miró i Ardèvol, aseguró hoy que "las 200 personas" proabortistas --350 según la Guardia Urbana-- que se manifestaron ayer en Barcelona por el derecho a la interrupción del embarazo libre y gratuita eran "pocas y viejas", y consideró sus consignas "ofensivas".
Según explicó Miró i Ardèvol, las proclamas de los proabortistas responden a su "falta de argumentos sólidos". Además, señaló a la "mucha experiencia de la vida" que poseían las manifestantes, a quienes tachó de "reliquias de otra época". Consideró "inútil" su reivindicación de una nueva Ley del Aborto. "¿Para qué la quieren? ¿Para incumplirla como ahora?", se preguntó.
Durante una rueda de prensa de presentación de un acto el 27 de enero por la Vida, la Familia y las Libertades, el presidente de E-Cristians lamentó que la ley supone en España el 21% de los nacimientos, lo que constituye un "agujero importantísimo".
Sobre las detenciones en Barcelona relacionadas con supuestos abortos ilegales, Miró i Ardèvol sostuvo que la "única novedad es la actuación judicial", que ha provocado la reacción de la ciudadanía, ya que anteriormente varios medios de comunicación europeos habían destapado el caso.
Miró i Ardèvol lamentó que haya un testigo "protegido" en las declaraciones del juicio sobre este caso, ya que ésta "teme por su integridad física". "El juez no concede el testigo protegido fácilmente", señaló. Por ello, consideró que los hechos ocurridos en Barcelona son "particularmente graves".
En cuanto a la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Dolores Voltas, consideró "evidente que había un fraude de ley" en España, ya que la mayoría de mujeres que quería abortar, una cifra que iba "en escalada" anualmente, optaban por aludir a las consecuencias psíquicas para la embarazada. "¿Qué pasa? ¿Que todas las catalanas y las españolas estaban chaladas?", se preguntó.
Asimismo, apuntó hasta ahora sólo el 21% de los abortos se hacen en hospitales públicos, donde "un fraude de ley es difícil" de esconder, mientras que el resto de casos se llevaban a cabo en centros privados "sin controles". Por ello, apostó porque la sanidad pública se haga cargo de las interrupciones de embarazos.
El presidente del Grupo de Entidades Catalanas (GEC) de la Familia, Daniel Arasa, explicó que es una "barbaridad" que en este caso el Gobierno, representado por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, y la consellera de Salud, Marina Geli, hayan defendido a los médicos abortistas "que incumplen la ley". "No pueden apoyarlos", reivindicó.
