MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, afirmó hoy que la Comunidad de Madrid, a través de los servicios de inspección, ha controlado el cumplimiento de la Ley en las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo así como todas las demás clínicas y reseñó que el número de denuncias en las clínicas autorizadas "es 200 veces superior" al de las denuncias que se presentan en otras clínicas que no se dedican a esta tarea.
Durante la sesión del Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta de la portavoz de IU, Inés Sabanés, sobre la participación del Ejecutivo autonómico en la "investigación" en clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo, la presidenta indicó que en las clínicas autorizadas hay 29,7 denuncias por clínica, mientras que en las que se dedican a otras tareas se cifran en 0,14.
"Es verdad que hay un número de denuncias muy superior pero lo importante es el fondo del asunto. La regulación del aborto de España está en el 417 bis del Código Penal y es una despenalizacion parcial", indicó la presidenta, quien señaló que la inspección de la Consejería "ha verificado, como es su obligación, porque lo que establecen los reglamentos se cumple".
Así, aseguró que "mientras la Ley siga vigente, la Comunidad de Madrid la va a cumplir" y sugirió a Sabanés que si lo que quiere IU es cambiar la regulación, lo proponga de nuevo, ya que en la pasada legislatura el PSOE no lo aprobó.
"El escándalo que a todos nos ha producido el caso de las clínicas del doctor Morín, por suerte y hasta donde sabemos, en la Comunidad no se ha dado", concluyó la presidenta autonómica.
Por su parte, la portavoz de IU afirmó que el Gobierno "formaba parte de una estrategia de presión sin precedentes" a las clínicas dedicadas a la interrupción voluntaria del embarazo y añadió que las inspecciones que plantea la Comunidad "han tenido un carácter excepcional y político".
Así, reseñó que "han cambiado los equipos de inspecciones, que han duplicado las inspecciones, y que han modificado los parámetros legales y de evaluación que marcaban el trabajo habitual de las clínicas, y todo ello bajo al responsabilidad de la Comunidad Autónoma".
En este sentido, Sabanés afirmó que los efectos "los han sufrido las mujeres en el ejercicio de sus derechos" y apuntó que estas mujeres "han sido intimidadas en su domicilio y que se les ha pretendido impedir, cuando no tutelar, el ejercicio de sus derechos".
