Actualizado 26/05/2008 16:53

Una sentencia obliga al Gobierno andaluz a permitir la residencia a una madre boliviana, según APDH

CÁDIZ, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) informó hoy de la existencia de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Cádiz que da la razón a María Luisa, una mujer boliviana "madre de una niña de nacionalidad española", y "obliga" a la Subdelegación del Gobierno de Cádiz a otorgarle el permiso de residencia.

En comunicado, la APDH-A explicó que tras el reconocimiento de la nacionalidad española a su hija, María Luisa solicitó a la Subdelegación del Gobierno su permiso de residencia para poder permanecer en España con ella y cumplir sus obligaciones como madre.

Sin embargo, la Subdelegación rechazó en primera instancia sus pretensiones y María Luisa se vio obligada a acudir a los tribunales para conseguir la tarjeta de residencia que le permitiera vivir en España junto a su pequeña.

Así, casi un año después de su primera solicitud, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Cádiz "le ha dado la razón a María Luisa, que, por fin, podrá residir en España sin ningún tipo de temor".

A juicio de la APDH-A, de este modo "se pone en evidencia que la Subdelegación del Gobierno en Cádiz está haciendo oídos sordos a las exigencias que se derivan de la Constitución, el Código Civil y los Tratados Internacionales firmados por España de acuerdo a las cuales un menor de nacionalidad española tiene el derecho a vivir en nuestro país con sus padres y, por ello, a éstos se les debe conceder el permiso de residencia".

Asimismo, acusó a la Subdelegación de practicar una política "súper restrictiva en relación a los derechos de estas personas" a las que niega los permisos de residencia y "obligándoles a acudir a la vía judicial".

Bajo esta perspectiva, la APDH-A exigió a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz "una modificación en relación con los padres de menores de nacionalidad española", aludiendo al caso de Xavier, el menor cuyo padre permanece en Bolivia "tras ser expulsado por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, sin posibilidad de regresar con su hijo, a pesar de que la doctrina jurisprudencial es constante en la consagración del derecho de estos menores a residir con sus padres en el territorio español".